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La Audiencia Nacional investigará el presunto genocidio cometido en el Tíbet por China tras su ocupación
MADRID, 10 Ene 2006. (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional se declaró hoy competente para investigar el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en el Tíbet, en la que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90 por ciento de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 2 para investigar los hechos denunciados por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa en una querella presentada el 28 de junio de 2005 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet o en el Gobierno chino. La querella, al igual que una interpuesta unos años antes, fue rechazada el pasado 5 de septiembre por el juez de la Audiencia Ismael Moreno, quien contó con el informe en este sentido del fiscal.
Los otros querellados son: el primer ministro durante la represión tibetana Li Peng; los secretarios del partido Comunista en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong, entre 1980 y 1985, Yin Fatang, y entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan; el ministro de Planificación Familiar en los 90, Deng Delyun; y el jefe de Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80, Chen Kuiyan. La ocupación china del Tíbet se produjo en 1950.
La Sala, que hace un exhaustivo resumen comparativo de las resoluciones dictadas en relación con el genocidio sufrido en Guatemala por el pueblo maya por el Tribunal Supremo y el Constitucional, estima el recurso de apelación presentado por los querellantes y ordena investigar los hechos denunciados, al entender que son constitutivos de un delito de genocidio de persecución universal, por lo que es competencia de los tribunales españoles.
El auto afirma que “de la querella presentada junto con la importante documentación acompañada, se desprende no sólo que los hechos denunciados presentan caracteres de un delito de genocidio que deben ser investigados por la jurisdicción española, sino la competencia de este organo judicial para admitir y tramitar la querella en su día denegada, atendiendo a los postulados y principios establecidos en la sentencia del TC de 26 de septiembre de 2005″.
La Sección Cuarta entiende que “el delito de genocidio es, como proclama el artículo 1 del Convenio sobre Prevención y Sanción del delito de Genocidio, un delito de derecho internacional” y que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce la jurisdicción universal para investigarlo e impedir que quede impune.
Según el citado convenio genocidio son las matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, su sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, medidas destinadas a impedir los nacimientos en ese grupo o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otros, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
INTENTOS VANOS.
El tribunal recuerda en su auto los intentos de buscar una solución pacífica promovidos por Tíbet ante la Comunidad internacional y, en concreto, ante las Naciones Unidas, quien dictó dos resoluciones en 1959 y en 1961, ante las que China “no cesó el sometimiento del Tíbet y las prácticas genocidas dando lugar, a que la Asamblea se volviera a pronunciar por tercera vez” en 1965.
También insiste la Sala en “las constataciones jurídicas occidentales más recientes acerca de los delitos cometidos contra el pueblo tibetano, la inoperancia de la jurisdicción china y la imposibilidad de actuación ante los hechos denunciados por parte de la Corte Penal Internacional”.
En este sentido, la Audiencia Nacional recuerda que la Corte Penal Internacional sólo tendrá competencia respecto de los crímenes cometidos después de su entrada en vigor y los hechos denunciados por los querellantes son anteriores a 1998. Además, ni China, ni Tíbet fueron parte del Estatuto de Roma por lo que el tribunal internacional no podrá pronunciarse sobre lo ocurrido en el país del Himalaya.
La Audiencia Nacional interroga a testigos del genocidio de Tibet
EFE - Madrid
EL PAÍS - España - 05-06-2006
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno comienza hoy a tomar declaraciones en la causa del genocidio en el Tíbet. La causa arrancó con una querella del Comité de Apoyo al Tíbet, por el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet en los años ochenta y noventa. La querella se dirige contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin.
El primero en declarar será el ciudadano español de origen tibetano Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tíbet, que relatará como, de niño, su madre embarazada fue secuestrada por las fuerzas chinas y desapareció junto a otras mujeres, y cómo él tuvo que huir de su país. Según fuentes de la acusación, el magistrado también ha librado comisiones rogatorias al Reino Unido y Canadá para interrogar a otros dos testigos de los crímenes.
A instancias de la Fiscalía, Moreno ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Tíbet, los cargos de los querellados y cualquier información que tenga sobre las víctimas tibetanas. El pasado 10 de enero, la Audiencia se declaró competente en el caso ante la imposibilidad de que sea investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.
La Audiencia investigará torturas en China
6-VI-06, EFE/PD: La Audiencia Nacional deberá investigar la querella que varios miembros de Falun Gong interpusieron en 2004 contra el líder chino Jia Qinglin -"número cuatro" en la jerarquía comunista- por supuestos delitos de genocidio y torturas, al estimar el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por este movimiento.
El Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo acordó admitir el recurso de Falun Gong contra la decisión de la Audiencia de no admitir a trámite esta querella tras celebrar una vista en la que el fiscal se opuso a la admisión del recurso porque, según dijo, "la jurisdicción española no es competente para el conocimiento de tales hechos" y "lazos puramente exóticos nos ligan a países como China".
Según informó en una nota de prensa el Alto Tribunal, el acuerdo fue adoptado por mayoría y la sentencia, de la que únicamente se adelantó el fallo y de la que será ponente el magistrado Enrique Bacigalupo, se hará pública en los próximos días.
La querella, en relación con la muerte de seguidores de este movimiento entre 1999 y 2002, fue presentada en septiembre de 2004 por quince personas contra Jia Qinglin, presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y ex secretario del Comité Municipal del Partido Comunista en Pekin, que estuvo en 2004 de visita oficial en España.
El presidente, Juan Saavedra, y los catorce magistrados de la Sala de lo Penal se reunieron a puerta cerrada para deliberar sobre este asunto el pasado 20 de abril y acordaron celebrar una vista pública.
Esta decisión estuvo motivada porque el recurso es anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que el año pasado estableció que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas.
La sentencia del TC tiene su origen en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional en 1999 por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para que España investigara los crímenes de genocidio, asesinatos, torturas y detenciones ilegales presuntamente cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986 y abre las puertas de la Audiencia a este tipo de demandas.
En la vista pública el representante del Ministerio Público argumentó esta mañana que España mantenía con Guatemala "vínculos históricos, idiomáticos y sentimentales", cosa distinta a los "lazos puramente exóticos que nos ligan a países como China".
"No puede ser interpretado el principio de justicia universal sin restricción, ya que podría llegar a convertir a los tribunales españoles en justicieros universales y en último reducto de aquellas causas perdidas que hayan ocurrido en los más extraños y exóticos lugares del mundo", concluyó.
Además, explicó que el Código Penal cita en el artículo referido al genocidio a los que tienen "propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" y Falun Gong "es una enseñanza respetable", pero "no puede asimilarse a un grupo religioso". A su juicio, admitir la querella "conducirá a la apertura de un procedimiento que se archivará".
Por su parte, el abogado de Falun Gong, Carlos Iglesias, sostuvo que la sentencia del TC "es aplicable al presente caso" y recordó que China no reconoce a la Corte Penal Internacional y tiene derecho de veto en la ONU.
"Millones de personas están siendo perseguidas", señaló el letrado, quien visiblemente emocionado pidió "Justicia en nombre de los familiares de las personas que están siendo torturadas y asesinadas".
Según dijo, se estima que "casi 20.000 personas han sido asesinadas y actualmente dos millones de practicantes de este movimiento están detenidos en campos de trabajo".
En 2003 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir a trámite otra querella que Falun Gong interpuso contra el ex presidente chino Jiang Zemin al estimar que la jurisdicción española no es competente y en 2005 rechazó tramitar otra similar contra el que fuera ministro de Comercio chino Bo Xiali.
Sin embargo, el pasado año, el Comité de Apoyo al Tíbet se querelló contra siete ex dirigentes chinos, a los que acusó de genocidio contra el pueblo tibetano, y en esa ocasión la Audiencia Nacional sí admitió a trámite el caso.
Pekín convoca al embajador español para quejarse de las imputaciones de genocidio
La justicia española investiga la ocupación de Tíbet y el 'caso Falun Gong'
elpais, 09-06-2006.
La acumulación en la Audiencia Nacional de dos causas que implican a las autoridades chinas en sendos presuntos casos de genocidio, en Tíbet y contra el movimiento Falun Gong, ha colmado la paciencia del Gobierno de Pekín, que ha llamado al embajador español en la capital china, José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para quejarse de las actuaciones de la justicia española. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores resaltaron ayer que el Gobierno "mantiene un escrupuloso respeto por las decisiones judiciales y espera que este asunto se pueda resolver de una forma comprensible para todas las partes".
Las investigaciones de la Audiencia Nacional relacionadas con China han acabado por indignar al Gobierno de ese país. En los últimos días, el juez Ismael Moreno ha comenzado a practicar diligencias en el caso del presunto genocidio de Tíbet, y el Tribunal Supremo español ha ordenado a la Audiencia investigar el presunto genocidio y torturas a miembros del movimiento Falun Gong.
Ya el pasado martes, el Gobierno chino declaró que la investigación sobre el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en Tíbet en los años ochenta y noventa es una interferencia en los asuntos internos de su país, al tiempo que calificó de "absoluta mentira" los hechos que se imputan a Pekín. "Las denuncias del llamado genocidio en Tíbet son una difamación total, una absoluta mentira", declaró el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Liu Jianchao.
La Audiencia Nacional comenzó el pasado día 5 a practicar diligencias sobre el caso con el interrogatorio de Thubten Wangchen, ciudadano español de origen tibetano personado en la causa como acusación particular, quien tuvo que exiliarse a Nepal, India y España. Wangchen, director de la Fundación Casa de Tíbet de Barcelona, ratificó la querella contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. Tras su comparecencia ante el juez, aseguró que el objeto de la querella no es tanto obtener la entrega a España de los miembros del Gobierno chino, sino "que se hable de lo ocurrido en Tíbet a nivel internacional" para que "el Gobierno chino reconozca sus errores y empiece a respetar los derechos humanos".
El magistrado encargado del caso, Ismael Moreno, ha librado comisión rogatoria internacional a Reino Unido y Canadá con el fin de interrogar a otros testigos y víctimas del supuesto genocidio, en el que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A petición del fiscal, el magistrado ha solicitado también a Exteriores que informe sobre los documentos y resoluciones de la ONU relativas al caso de Tíbet, sobre los cargos desempeñados por los denunciados y sobre cualquier información relativa a las víctimas.
El segundo caso investigado por la justicia española es el de Falun Gong. La Sala Penal del Supremo ordenó el pasado martes a la Audiencia Nacional investigar el supuesto genocidio y torturas de integrantes del movimiento chino Falun Gong, al estimar un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir a trámite una querella contra varios dirigentes chinos. El 30 de noviembre de 2004, integrantes de Falun Gong en España presentaron una querella contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jian Quinling, número cuatro de la jerarquía comunista, aprovechando su estancia en España para asistir al II Foro Hispano-Chino, y contra otros tres integrantes de la delegación, que se hospedaban en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona.
La querella no fue admitida a trámite y contra esta decisión presentaron recurso acogiéndose a la aplicación del principio de jurisdicción universal, para evitar "la impunidad de estos crímenes que no pueden ser perseguidos en China". Según los miembros de Falun Gong, desde la cruenta represión desatada por el Gobierno chino en 1999 contra ese "grupo espiritual", como ellos se definen, han sido asesinadas miles de personas, y hay centenares de miles internadas en campos de trabajo.
La decisión del Supremo fue adoptada por mayoría y el texto se conocerá en los próximos días. En la vista del recurso, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se opuso a la admisión de la querella por entender que es cuestionable que se haya producido el genocidio denunciado y por entender que el principio de justicia universal no puede ser interpretado de forma tan absoluta que los tribunales españoles se conviertan en "justicieros universales".
