Bèlgica, l´Estat assimètric
Bélgica, el Estado asimétrico
LV, 6-VIII-04
Bélgica, un Estado independiente desde 1830 (separación de los Países Bajos) –invadido por Alemania durante las dos guerras mundiales–, es actualmente una federación plurinacional y plurilingüística fuertemente asimétrica, salida de un proceso de cuatro reformas constitucionales (1970, 1980, 1988 y 1993; Constitución de 1831). Incluye un complejo sistema institucional con tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas) y tres comunidades (flamenca, francesa y alemana). Las primeras son territoriales y tienen competencias sobre desarrollo económico, planificación urbana, régimen local, vivienda, obras públicas, energía, medio ambiente, etcétera, mientras que las segundas tienen una base más individual y competencia sobre educación, cultura, lengua, así como sobre “materias personalizables” (algunos servicios sociales). De esta manera, los hablantes neerlandeses que viven, por ejemplo, en Bruselas, pertenecen a la comunidad flamenca como los que viven en Flandes, mientras que los hablantes francófonos de Bruselas son miembros de la comunidad francesa como los valones. Ello no se aplica, sin embargo, a las minorías neerlandesa y francesa de Flandes y Valonia con el fin de no crear subnacionalidades en los dos territorios básicos del federalismo belga. Por su parte, el Gobierno federal tiene competencias en defensa, justicia, seguridad social (pensiones, seguro de desempleo, etcétera), algunos aspectos de la sanidad y de la dirección de las relaciones internacionales.
Este complejo sistema es el fruto de un pacto entre los partidos flamencos y francófonos que defendían modelos federales distintos: un federalismo bipolar entre las comunidades lingüísticas y culturales, defendida históricamente por los partidos flamencos, y un federalismo tripolar de carácter económico, con Flandes, Valonia y Bruselas como entidades federadas, defendida por políticos francófonos. Únicamente la región y la comunidad flamencas han decidido unificar sus instituciones (1980). Las regiones y las comunidades tiene amplias facultades para establecer tratados internacionales en los ámbitos de su competencia y establecer representaciones propias que son casi embajadas en otros países.
Los partidos políticos están divididos de acuerdo a criterios lingüísticos. El Senado federal incluye distintas categorías de senadores de acuerdo a su procedencia (40 proceden de elección directa, 21 proceden de las comunidades –10 de la flamenca, 10 de la francesa y 1 de la de habla alemana– y otros 10 senadores son nombrados por las categorías precedentes). El Senado puede introducir modificaciones en un proyecto de ley. En el caso de las leyes ordinarias la Cámara de Representantes (Cámara Baja; 150 escaños), elegida por un sistema proporcional para un periodo de cuatro años, tiene la última palabra. Por el contrario, en las leyes bicamerales, relacionadas con las relaciones internacionales y con la estructura de la federación, el proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras en pie de igualdad. Las leyes que afectan a las comunidades disponen de un procedimiento específico que necesita un apoyo mayoritario de cada grupo lingüístico parlamentario (francés y flamenco) tanto en la Cámara como en el Senado, así como un apoyo de dos tercios en cada una de ambas cámaras. La adscripción a cada grupo lingüístico parlamentario es decidida de acuerdo al régimen lingüístico del distrito en el que ha sido elegido el parlamentario individual.
Existe un conjunto de instituciones (gobierno federal, grupos parlamentarios, comité de concertación, tribunal de arbitraje, etcétera) que son de carácter consocional: presentan una composición paritaria entre miembros hablantes de las dos principales colectividades lingüísticas (el primer ministro está exento en la contabilidad de esta regla). Además, existe la posibilidad de que en el Parlamento federal se utilice el denominado procedimiento del timbre de alarma: permite a un grupo lingüístico parlamentario parar temporalmente una iniciativa legislativa si tres cuartas partes de éste considera que amenaza a su comunidad. La iniciativa es devuelta al Gobierno (donde hay una paridad lingüística) que puede enmendarla, ratificarla (motivadamente) o dimitir. El timbre de alarma también se emplea en la región bilingüe de Bruselas.
Un tribunal de arbitraje controla la constitucionalidad de las leyes en relación a la división de poderes entre las regiones, las comunidades y el gobierno federal, mientras su actuación en otras áreas es mas limitada. Incluye doce jueces, distribuidos también a partes iguales entre sus características lingüísticas; sus dos presidentes ejercen la presidencia funcional por turnos. El sistema de financiación es bastante más descentralizado en relación a los gastos que a los ingresos. Los poderes residuales son de la federación (algo que ya está planteado revisar en un futuro). La reforma constitucional es compleja y un tanto anticuada: se requiere la aprobación de dos composiciones distintas del parlamento federal y dos tercios favorables en cada cámara, pero no incluye a las unidades constituyentes (una característica que refleja la raíz histórica de la federación como estado unitario y no como una confederación previa). Así, estas últimas, están más protegidas a partir de las leyes ordinarias que a través del proceso de reforma constitucional. La monarquía pretende representar simbólicamente a todo el estado belga, con independencia de las adscripciones lingüísticas de sus ciudadanos. Pero en los últimos años ha sido la Unión Europea la que ha incentivado que se tomen acuerdos en los órganos establecidos a tal efecto desde un tipo de procedimiento que es el más descentralizado de la UE.
