emergčncia de la corrupció governamental brasilera

El ministro de Presidencia,Antonio Palocci (PT), dimite el 7 de junio.Su patrimonio se multiplicó por 20 entre el 2006 y el 2010, cuando era diputado y consultor privado.

Un crecimiento del 86.500% en el patrimonio de uno de sus hijos obliga al titular de Transportes,Alfredo Nascimento (PR), a dejar el cargo el 6 de julio.

El 17 de agosto,Wagner Rossi (PMDB) renuncia como ministro de Agricultura tras ser acusado de intento de soborno en relación con una red de desvío de dinero público.

Pedro Novais (PMDB) cesa como titular de Turismo el 14 de septiembre.Pagó con dinero público a una empleada de hogar y un chófer.

El ministro de Deportes,Orlando Silva (PCdoB), es acusado de cobrar comisiones del 20% sobre contratos públicos para financiar el Partido Comunista de Brasil.

La mugre estaba ahí, como está y estuvo siempre en todos los países. Pero fue hace unos meses, al poco de llegar Dilma Rousseff a la presidencia, cuando la mancha de la corrupción afloró con descaro y empezó a extenderse rápidamente sobre Brasil; hasta el punto de empañar el lustre de su éxito económico y suscitar recelos sobre la organización del Mundial de fútbol (2014). En cuatro meses han caído cuatro ministros. Y el de Deportes está hoy en la picota.

Tan vertiginosa proliferación de escándalos no puede entenderse sin tener en cuenta las peculiaridades de la política brasileña. Para empezar, el Ejecutivo se sustenta sobre una "base aliada" compuesta por una decena de partidos de los más dispares colores y tendencias: la mitad de los 22 representados en la Cámara, donde se sientan 513 diputados.

La coalición de Gobierno está liderada por dos fuerzas tan distantes como el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centroderecha. La formación de la presidenta (PT) tiene 86 diputados en la Cámara federal: sólo el 17% del total. De ahí la necesidad de la propia coalición y de continuos pactos de geometría variable.

¿Pero cómo es que tantas y tan variadas formaciones llegan a coligarse y a entenderse para legislar y gobernar? Sólo mediante el reparto de cargos o prebendas y las transacciones de proyectos y propuestas. Todo ello con las correspondientes dotaciones presupuestarias como elemento clave de cada negociación. No hay analista político que ponga en duda la vigencia de esta mecánica. Y son legión los que piden una reforma urgente del sistema, dado el peligro que encierra.

Para el politólogo Leonardo Avritzer, de la Universidad de Minas Gerais, la corrupción en Brasil guarda una relación directa con el sistema electoral, la atomizada estructura de partidos y la insuficiencia de los recursos legalmente asignados a financiar a las formaciones. "Las coaliciones que se forman para gobernar - afirma-se han convertido en un sistema de trueque en el que la designación de los miembros del gobierno se utiliza como medio de recaudación de recursos para las campañas".

Pero la historia reciente indica que el dinero desviado de las arcas públicas no siempre se queda en los partidos; a veces llega a los bolsillos de algunos dirigentes.

Desde que un primer escándalo puso en evidencia a su ministro de la Presidencia y hombre de confianza, Antonio Palocci, Rousseff exhibió una insólita firmeza, de tolerancia cero, al afrontar la corrupción. La presidenta obligó a renunciar a todos los implicados: no sólo a Palocci y a los tres ministros que le siguieron al descubrirse otras tantas redes de malversación, sino a decenas de altos cargos y funcionarios implicados en ellas. Es la operación faxina (limpieza), aún en curso.

En determinados momentos, los castigos hicieron temblar los cimientos de la coalición gubernamental. El riesgo era y es obvio para la jefa de Gobierno. Pero Rousseff se ha granjeado el apoyo del pueblo, que a cada rato sale a la calle para pedirle que no decaiga en su afán depurador. No es de extrañar, dada la gravedad del daño infligido. Hace unos días, la influyente Federación de Industrias de São Paulo publicó un estudio según el cual el año pasado los desvíos de fondos público costaron a Brasil entre 21.000 y 35.200 millones de euros: de1 1,4% al 2,3% de su PIB.

Todos los escándalos descubiertos hasta ahora en el seno del Gobierno Rousseff han explotado a partir de informaciones de la prensa brasileña, más activa que nunca a este respecto. La cantidad de material y las acusaciones cruzadas durante las correspondientes refriegas internas hacen pensar en un denso tráfico de dossiers entre facciones que se atacan y buscan venganza.

La presidenta se muestra consciente de los riesgos que corre. A su ministro de Deportes, Orlando Silva, le ha concedido el beneficio de la duda mientras la Fiscalía investiga su implicación en la supuesta financiación ilegal del Partido Comunista a través de una oenegé. Al cierre de esta edición, Silva trataba de explicarse ante la Cámara de Diputados.

19-X-11, F. García, lavanguardia