concerts econ+omics: discriminació en els privilegis
En el País Vasco hay 17 entidades públicas dedicadas a la compra de suelo y promoción de gestión de viviendas, 41 órganos relacionados con el medio ambiente y 250 agencias de promoción económica que, sin una buena coordinación, pueden convertir la creación de un negocio en un infierno. Las duplicidades de las administraciones vascas - diputaciones forales, gobierno autonómico y ayuntamientos-cuestan al erario vasco más de 400 millones de euros al año, lo mismo que se gasta el lehendakari en políticas sociales. Pero nadie se escandaliza. Al contrario, el PNV no quiere ni oír hablar de clarificar competencias. La Diputación Foral de Bizkaia es su último reducto de poder y desde allí gastan como quieren.
El concierto económico vasco da para eso y para mucho más. En Euskadi puede haber ajustes, pocos, pero ningún recorte. Recaudan y gestionan lo que es suyo, y ni el Gobierno español reclama ni se les debe nada.
No es de extrañar que tres de cada cuatro catalanes, venga de donde venga y vote a quien vote, aspire a una financiación similar. Que la bauticen como quieran. CiU se ha quedado con la bandera del pacto fiscal: cesión de la gestión y recaudación de todos los impuestos, una agencia tributaria íntegra, una cuota anual de contribución catalana y el compromiso de que condicionará su apoyo a la gobernabilidad del Estado a la consecución de esta financiación para Catalunya...
Los populares gobiernan comunidades que sufren un trato fiscal tan injusto como el de Catalunya. ¿Cómo explicar a los ciudadanos de Baleares o Valencia, incluso a los madrileños, que serán igual o más solidarios, mientras Catalunya pasa a gozar privilegios asimilables a los del País Vasco?...
Ayer mismo, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, lanzó una nueva propuesta: que el próximo modelo de financiación autonómico tenga un mecanismo de aplicación similar al de los fondos europeos de cohesión y que aquellas cantidades aportadas para la solidaridad territorial por comunidades como Catalunya, Madrid o Valencia consten de un plan de ejecución y de seguimiento.
Una medida que, a su juicio, garantizaría la solidaridad "entre todas las autonomías" pero también un equilibrio "con aquellas que más aportan y que tienen un elevado déficit fiscal".
Sánchez-Camacho evitó clarificar la posición del PP sobre el pacto fiscal tras el 20-N, como lo está evitando hacer el propio Mariano Rajoy.
11-X-11, I. Garcia Pagan/M. D. García/I. Ellakuría, lavanguardia
