El Gobierno argentino de Cristina Fernández no ve con buenos ojos el golpe de mano dado por el grupo petrolero mexicano Pemex, que junto a Sacyr Vallehermoso, poseen ya el 29,51% de forma conjunta en Repsol y han sellado un pacto parasocial para tomar su control y mandar.
La petrolera española, presidida por Antonio Brufau, es la matriz de YPF, con un 54% del capital. Tras su privatización en 1999, el gobierno argentino mantiene un insignificante número de acciones, pero tiene derecho a participar en las decisiones del consejo de dirección y poder de veto gracias a su acción de oro. Esto significa en la práctica que YPF tiene recogidos en sus estatutos que el gobierno de la casa Rosada tiene derecho a prohibir la entrada de determinados accionistas en su capital.
Por ello, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, ha enviado una carta a la petrolera argentina para pedir explicaciones del incremento del peso del grupo mexicano, Pemex, en su matriz.
YPF tiene un peso muy significativo en Argentina ya que es el principal inversor del país, el primer contribuyente por impuestos fiscales, el mayor productor de hidrocarburos, el segundo mayor exportador y uno de los que más trabajo genera, con una plantilla superior a los 30.000 trabajadores.
En el escrito Baratta, que es el representante del Gobierno en el consejo de YPF, solicita un consejo extraordinario, que se celebrará el próximo viernes 9 de septiembre en la capital argentina, para aclarar si las modificaciones anunciadas en España tendrán algún impacto de forma directa o indirecta en las inversiones y producción en Argentina.
En dicha misiva, a la que ha tenido acceso La Vanguardia,se explica que YPF "es estratégica para el sector hidrocarburifero argentino" ya que lleva adelante "el estudio, la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, acompañando permanentemente los numerosos esfuerzos del gobierno nacional". El ejecutivo de Fernández persigue con su apoyo a YPF "fomentar la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos y el desarrollo de las mismas, a fin de facilitar los recursos necesarios para sostener el crecimiento económico iniciado en el año 2003".
El Ministerio de Planificaión Federal de Argentina ha convocado al encuentro a los primeros ejecutivos de Repsol, Sacyr y Pemex para que "informen y precisen los cambios".
Está por ver si Del Rivero, presidente de Sacyr, y Juan José Suárez, director general de Pemex, que fueron los que explicaron en España al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la operación viajan a Argentina para dar detalles de sus intenciones.
El quid de la cuestión es que YPF y Pemex son competidores directos y cada una de ellas vela por los intereses económicos de su país.
De hecho, la Constitución mexicana recoje el papel que Pemex juega en la economía del país. Además, hay legislación posterior que define sus objetivos en beneficio de México. En concreto, el artículo 40 bis de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo recoge que "las actividades de petróleos mexicanos y su participación mundial se orientarán de acuerdo con los interés nacionales". Esos criterios, añade, "se incorporarán a la estrategia nacional de energía".
Después existe una ley de diciembre del año 2008, firmada por el actual presidente de México Jesús Calderón, que recoge en el artículo 20 "que el Estado realizará la actividad que le corresponde en exclusiva en el área estratégico de petróleo".
En definitiva, que la lucha de poder por controlar Repsol puede provocar un conflicto diplomático entre Argentina y México, que salpique a España en plena campaña electoral.
De hecho, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue informado de lo sucedido el pasado jueves en su visita a Bilbao por Josu Jon Imaz, presidente de Petronor y director ejecutivo del área de refino en la petrolera Repsol.
4-IX-11, C. Lafraya, lavanguardia