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Hay gotas que colman el vaso. En la Diputación de Lugo el BNG tiene nueve asesores para sus dos diputados, que son la bisagra de esta institución que el Bloque gobierna en coalición con los socialistas. El PSOE tiene 11 diputados y 11 asesores y el PP, en la oposición, 12 escaños y 3 asesores. No obstante, los liberados del BNG cobran menos que los de los otros grupos, porque ocupan plazas administrativas con una retribución máxima de 23.805 euros anuales, frente a los 41.474 que perciben uno de los asesores del PP y otro del PSOE. En Galicia ya es una tradición que las diputaciones se usen para nutrir de personal a los aparatos de los partidos. En el 2005, durante la carrera en el PP por la sucesión de Fraga, los dos principales asesores del entonces candidato Alberto Núñez Feijóo estaban contratados por la Diputación de Pontevedra, aunque trabajaban en el Parlamento. Y durante los últimos años una parte del aparato del PSdeG ha cobrado de las diputaciones de Lugo y A Coruña.

Nadie, o casi nadie, se acordaba de las diputaciones, que con sus genéricas competencias y su elevado presupuesto han sido objeto de deseo de los partidos para acumular poder. Una imagen que admite el secretario de política municipal del PSOE, Antonio Hernando: "Las diputaciones se han convertido en instrumento político para dar subvenciones". De otra forma lo ve el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo: "Más que un contrapoder" su supresión intenta "superar el hecho provincial, pretensión hasta ahora de los nacionalistas, para su beneficio".

La crisis ha llevado al PSOE a sostener que, en su actual concepción, las diputaciones "sobran" y Alfredo Pérez Rubalcaba ya plantea una reforma para ahorrar mil millones de euros. El PP discrepa: 15 millones de personas que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, serían los perjudicados. La propuesta de los populares es una reforma global que acabe con la solapación de competencias entre administraciones sin eliminar ningún nivel.

CONSTITUCIÓN DE 1812.

Las diputaciones tienen su origen en la Constitución de 1812, que en su artículo 325 establecía que "en cada provincia, habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior".Responde a una concepción centralista del Estado por influencia francesa, que se ha mantenido. La Constitución de 1978 mantiene la división organizativa que incluye la provincia: "El estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades autónomas",pero hay división entre los expertos sobre si la supresión de las diputaciones requeriría una reforma constitucional. Lo que dice el artículo 141 es que "el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo".

España cuenta en la actualidad con 38 diputaciones provinciales de régimen común, tras la supresión de las de las provincias que en 1983 se constituyeron en comunidades autónomas: Madrid, La Rioja, Murcia y Navarra. El número de diputados es proporcional a la población: 24 diputados hasta 500.000 habitantes,; de 500.000 a 1 millón, 27; de 1 a 3,5 millones 31; y para las poblaciones mayores de 3,5 millones, 51 diputados. Constituidos los ayuntamientos, las juntas electorales elaboran la relación de partidos que han obtenido representación municipal y distribuyen los puestos de diputado de acuerdo con los votos. Asignados los escaños a cada candidatura, la junta electoral convoca a los concejales de cada partido para que elijan de entre las listas de concejales quiénes serán diputados. Esta forma de elección de los diputados no debe ser, para el PP, un obstáculo para su existencia, e incluso aseguran que estarían dispuestos a ir a una elección directa a la vez que se celebran elecciones municipales.

LAS EXCEPCIONES.

En la consideración de las diputaciones, también hay regímenes especiales. Es el caso de los órganos forales de Álava,Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Gernika. Su origen es anterior al de las diputaciones provinciales. Son los órganos de gobierno de los territorios históricos, presididas por un diputado general elegido por la junta general de cada uno de los territorios, cuyos miembros son elegidos por voto popular directo. Sus competencias son muy amplias, y la más importante, la recaudación de impuestos. También Canarias y Baleares tienen un régimen especial. En lugar de diputaciones, se constituyen en cabildos insulares en el caso de Canarias, y consejos insulares en el de Baleares. Uno por isla, que asume las competencias que antes tenían las diputaciones provinciales.

COMPETENCIAS.

Las diputaciones de régimen general tienen unas competencias muy genéricas que han dado lugar a que asuman funciones que también desarrollan otras administraciones. La ley de Bases de Régimen Local les otorga las de coordinación de los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, en especial a los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal o supracomarcal; la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, y en general el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. Martínez Maillo (PP), sin embargo, tiene claras sus funciones: obras, carreteras, servicios sociales. En los pequeños municipios no tendrían teleasistencia. Su último acto como presidente de diputación fue inaugurar 7 kilómetros de carretera que unen tres pueblos de Zamora. "Si no la hiciera la diputación, no la haría nadie". "Los servicios se seguirán dando - contradice Hernando (PSOE)-,lo haría otra administración".

PRESUPUESTO Y DEUDA.

Las diputaciones provinciales tienen para el 2011 un presupuesto de 5.831 millones de euros, un 9% menos del dinero del que disponían hace dos años. Su financiación proviene en un 70% de la participación en los tributos del Estado; y el resto tiene su origen en fondos aportados por las comunidades autónomas y del dinero que recaudan por la prestación de servicios. Su presupuesto anual es equivalente a la deuda que tenían al finalizar el 2010: 6.358 millones de euros. Al socialista Antonio Hernando no le sorprende si se tiene en cuenta el dinero que se gastan, dice, en "publicaciones y publicidad, dietas y protocolo". Sólo en eso, el ahorro sería considerable, dice.

Diputacions Provincials,una altra reserva parasitària de la partitocràcia (II)