la Guàrdia Civil deté als responsables de l´SGAE

La investigació que ahir emergia dramàticament amb l´espectacular operació de la Guàrdia Civil, denominada Saga, data de 2007, d´una denúncia de l´Associació d´Usuaris d´Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache) relativa a un pressumte desviament de fons, en detriment de l´SGAE i dels seus socis, a través d´una trama de societats satèl.lits ide la filial tecnològica d´SGAE, la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), que dirigeix José Luis Rodríguez Neri, epicentre del tinglado, segons fonts de la investigació policial.

Sin embargo, a efectos prácticos, el ambiente que se respiraba ayer a las puertas del palacio de Longoria era de poca sorpresa entre la muchedumbre periodística, como si estuviera cantado que "a Bautista le iba a llegar su sanmartín" - no "su sambenito", por cierto, como equivocadamente coreaba un minúsculo grupo de indignados-,y que las consecuencias de lo que estaba ocurriendo trascendían el devenir judicial del litigio: acabe como acabe la causa, la de ayer fue la coda de los treinta años de Teddy Bautista al frente de la sociedad, un periodo en el que la SGAE, tras modernizarse, se convirtió en plenipotenciario recaudador de derechos de autor. Esta tarea de puesta al día de la sociedad de gestión y de introdución de disciplina en el cobro de derechos convirtió a Bautista en poco menos que un héroe durante los años ochenta y noventa para los creadores culturales españoles, que veían su organización crecer en tamaño y recaudación.

Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse, en primer lugar, por la creciente antipatía de su voracidad, a menudo tan carente de tacto como de cálculo político - recaudar en festivales benéficos en los que los titulares cedían su obra gratis, perseguir a pequeños comerciantes por poseer una radio

en su local, infiltrarse en banquetes nupciales, cobrar por actividades desinteresadas como funciones de teatro clásico realizadas por amateurs...-ypor el cambio de marco que supuso la llegada de las nuevas tecnologías, que alumbraron nuevas modalidades de distribución cultural y de gestión de derechos. La animadversión que en la última década logró concitar la sociedad dirigida por Bautista llegó al extremo de provocar que el mismo PP que auspiciara la creación del canon digital, se opusiera sonoramente a su ampliación ante las elecciones de marzo del 2008. La decisión de Mariano Rajoy era, en el fondo, coherente con la propia lógica de los acontecimientos: personajes del mundo de la cultura, entre ellos destacados miembros de la SGAE, se habían significado contra José María Aznar en el 2003, y expresamente a favor de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña del 2008.

Con el progresivo descrédito de la sociedad, el cambio del modelo de negocio (y por tanto, el presumible cambio legal de la propiedad intelectual) y el devenir político, la elocuente jornada de ayer sonó a estertor de una sociedad cuyo buen nombre, ocurra lo que ocurra en el juzgado, aparece hoy demolido.

Además del presidente, Teddy Bautista, ayer fueron detenidos por la Guardia Civil, según fuentes próximas al caso citadas por Europa Press, el director general de la SGAE, Enrique Loras; el director financiero, Ricardo Azcoaga, y el director general de la sDae, José Luis Rodríguez Neri, en torno al cual giraba la presunta trama de desvío de fondos a través de terceras sociedades. Igualmente, la esposa y la cuñada de éste, María Antonia García y Elena Vázquez, estaban entre los detenidos. Los tres últimos detenidos no pertenecían a la SGAE, según las mismas fuentes, sino a la consultora Microgénesis, sociedad instrumental de la trama que facturaba a la SGAE y al Instituto Cervantes: Elena García Pombo, Celedonio Martín y el director de la empresa, Rafael Ramos.  

Las actuaciones de la operación Saga las puso en marcha, a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, hace poco más de un año el entonces titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hoy fuera del órgano judicial, y las ha impulsado el actual titular, Pablo Ruz, quien decretó el secreto de sumario a pesar de lo cual ayer, como toda la semana, la información sobre la causa goteaba por doquier. Así se supo que Ruz había autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsable de la operación, a que congelara y embargara todas las cuentas vinculadas a la SGAE y a realizar los registros y detenciones practicados ayer, lo que, según recogía la agencia Efe, implica que los interrogatorios serán realizados en primera instancia por la Guardia Civil, que será quien decida quiénes de los detenidos quedan en libertad y cuáles pasan a disposición de la Audiencia Nacional.

La presunta trama delictiva, según lo trascendido hasta última hora de ayer, gira en torno a la filial digital de la SGAE y su director, José Luis Rodríguez Neri. Los indicios que maneja la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que desde esta sociedad se contrataban los servicios de la sociedad instrumental Microgénesis de forma irregular, lo que permitía distraer fondos pertenecientes a la SGAE - y por tanto a sus socios-.

Aunque no han trascendido más nombres, el instituto armado sospecha que la práctica afecta a varias sociedades integradas en la SGAE y a una red societaria externa. Algunas fuentes, entre ellas, los denunciantes, albergan la sospecha que hasta 400 millones de euros pueden haber sido desviados mediante estas actividades delictivas.

A pesar de que el rotativo madrileño ABC dio noticia de esta investigación el pasado martes, desde entonces hasta ayer mismo, se han ido sucediendo desmentidos por parte de la SGAE, que afirmaba que no existían tales diligencias contra los responsables de la sociedad.

Ayer, la junta directiva de la SGAE se limitaba a pedir respeto para la presunción de inocencia de los detenidos, lo mismo que solicitaba la ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, a quien lo ocurrido le abre un nuevo frente político. De hecho, a primera hora de ayer, José María Lasalle, del PP, ya anunciaba la petición de una comparecencia urgente de la ministra en el Congreso.

2-VII-11, P. Vallín, lavanguardia

La entidad que está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz es Microgénesis, contratista de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), controlada a su vez íntegramente por la SGAE, que la creó en el 2000 con el fin de dar protección a los derechos de autor en internet, y con otros proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Los fiscales creen que Microgénesis puede ser el punto de fuga de los recursos de la SDAE, la vía de escape de los fondos con los que habrían podido cometerse diversos tipos de delitos económicos, susceptibles de generar macrobeneficios. La dificultad de la investigación deriva de que alrededor de este tronco de sociedades se constituyeron otras empresas, en una compleja ramificación de actividades y presunta apropiación indebida de fondos.

3-VII-11, lavanguardia

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó ayer la puesta en libertad de Teddy Bautista y otros dos altos cargos de la SGAE, pero con graves cargos, que pueden suponer penas de hasta diez años de prisión. El magistrado dedicó casi todo el día a interrogar a Bautista, presidente ejecutivo de la SGAE, a Enrique Loras, director general de la sociedad ya Ricardo Azcoaga, su director económico y financiero.

A primera hora de la noche el juez Ruz dictó una resolución en la que acuerda ponerles en libertad provisional, pero al propio tiempo expone con toda claridad que existen contra ellos indicios de la comisión de graves delitos, por los que podrían ser condenados a penas que sumarían diez años de prisión. Se trata de apropiación indebida - penada con hasta seis años de prisión-y administración fraudulenta, conducta a la que pueden corresponder hasta cuatro años de cárcel.

En el caso de Teddy Bautista, se aprecian también indicios de la comisión de un delito societario, que tiene una pena mucho más leve, una multa que se paga con cuotas diarias y hasta doce meses. El juez explica que dicho delito societario existiría por "la negativa o impedimento a socios del ejercicio de los derechos de información y participación". Todo ello ratifica que, sea cual fuere el curso de la investigación, el tipo de gestión opaca de la SGAE ha llegado a su punto final.

No obstante, el auto acuerda la puesta en libertad de los detenidos con medidas cautelares para asegurar su sujeción al proceso.

Se les prohibe salir de España y se les impone la fijación de un domicilio concreto para notificaciones. El magistrado les concede la libertad sin fianza al estimar que no existe riesgo de fuga ni de que puedan perjudicar la buena marcha de la investigación. En otras palabras, prima la consideración de que ya no hay posibilidades de cualquier eventual ocultación o destrucción de pruebas.

La resolución no entra en detalles sobre los procedimientos seguidos para la comisión de los delitos, pero subraya su gravedad. El juez expone que la apropiación indebida se habría cometido como delito continuado, es decir, como práctica habitual y extendida en el tiempo en la gestión de la SGAE. Añade que reviste caracteres de "especial gravedad atendido el valor de la defraudación". No se concretan cifras, pero desde el inicio de la investigación las que se manejan suponen cientos de millones de euros.

El círculo de las acusaciones se cierra con la imputación de un delito de administración fraudulenta, lo que corrobora que no se trata sólo de una cuestión de malas prácticas, sino de una gestión viciada, llevada a cabo con presunta voluntad defraudatoria. El juez, sin embargo, desecha dar a conocer datos concretos para preservar el éxito de la investigación. Añade que va a mantener el secreto del sumario, muy especialmente hasta que hayan declarado los nueve detenidos.

Anoche prestaron declaración también Elena Vázquez y Celedonio Martín. La primera es cuñada de José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores, la SDAE, filial de la SGAE, entidad desde la que los investigadores estiman que se dirigieron las operaciones de fraude. Martín, a su vez, es empleado de la empresa Microgénesis, que cuenta con la SGAE como uno de sus principales clientes y que habría actuado como engranaje principal de la desviación de fondos.

Hoy prestará declaración el propio Neri, cuyo papel es clave para el esclarecimiento de los hechos. Y el juez interrogará también a su esposa, Antonia García, y a Eva García y a Rafael Ramos, vinculados a Microgénesis.

4-VII-11, J.M. Brunet, lavanguardia

El juez Pablo Ruz acordó anoche prisión eludible mediante fianza de 300.000 euros para el presunto cabecilla del fraude de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y otra de 150.000 euros para su colaborador, Rafael Ramos. El auto que acuerda estas medidas describe algunas de las operaciones para su enriquecimiento personal, mediante la creación de una red de empresas que cobraba de la SGAE por servicios nunca realizados. No hay cifras definitivas, sino una primera recopilación de datos, que permite al juez sostener que las empresas de Neri cobraron más de 24,6 millones por este procedimiento. No obstante, tienen que llevarse a cabo análisis de la documentación incautada para conocer la profundidad de un fraude mucho más elevado.

La investigación se ha valido de intervenciones telefónicas en las que los imputados proporcionan pruebas fehacientes de su concertación para sustraer fondos de la SGAE en beneficio propio. Por ese método el juez estima asimismo acreditado que el presidente ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, era conocedor de tales prácticas, y que los inculpados trataron de cambiar las cosas y borrar huellas cuando se apercibieron de los progresos que iban teniendo las denuncias contra ellos.

El auto del juez Ruz sitúa a Rodríguez Neri en el centro de las maniobras defraudatorias, junto a su compañera sentimental, Antonia García Pombo. Neri, persona de confianza de Teddy Bautista, ocupó cargos en la SGAE y también en su rama digital, la SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores), así como en diversas empresas que en teoría prestaban servicios a las anteriores y que eran la vía utilizada para desviar fondos. Alguna de esas sociedades tenía su sede en la que era residencia particular de la familia, adquirida por más de un millón de euros durante el largo período, de una década, en que se llevaron a cabo las operaciones fraudulentas.

El magistrado describe cómo Neri se concertó con Bautista y otros miembros de la cúpula de la SGAE, Ricardo Azcoaga o Enrique Loras - ahora en libertad con cargos-,para "hacer desaparecer2la SDAE, con el fin de borrar pistas de su conducta fraudulenta, "a través de un proceso de disolución" que se quiso llevar a cabo con toda opacidad. Las intervenciones telefónicas ponen de manifiesto que se buscaba a toda costa que esa iniciativa estuviera terminada antes del pasado 30 de junio, es decir, antes de las recientes elecciones en la SGAE, ganadas por los leales a Teddy Bautista.

El auto del juez Ruz se conoció tras una jornada de largos interrogatorios a los implicados, a los que acusa de los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, y en el caso de Neri también de un delito societario. Este punto se refiere a la negativa o impedimento a los socios de las SGAE de los derechos de información y participación, en especial en relación con el mencionado proceso de elecciones internas.

La comparecencia de Rodríguez Neri duró más de cuatro horas, y más de tres la del siguiente compareciente, Rafael Ramos, accionista de la sociedad Microgénesis, una de las que recibía encargos de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial de la SGAE. Neri y Ramos son, en definitiva, el núcleo desde el que se habría organizado la arquitectura societaria organizada con el supuesto fin de desviar fondos. De hecho, la comparecencia de Neri fue la más larga de todas las realizadas por los nueve detenidos en la operación Saga, ejecutada por la Guardia Civil bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, tras denuncias formuladas por asociaciones y colectivos de internautas en 2007.

El juez Pablo Ruz dejó el interrogatorio de Rodríguez Neri para el segundo día de comparecencias con el fin de obtener primero la versión del presidente ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista. La SDAE fue creada a finales de los años noventa como sociedad privada dependiente de la SGAE, con el propósito de gestionar lo recaudado en concepto de derechos de autor en Internet y elaborar proyectos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Si constituye el núcleo de la investigación es porque esta sociedad habría actuado como el resorte principal para el supuesto desvío de fondos.

El juez interrogó asimismo ayer a la esposa de Neri, María Antonia García Pombo, y a su hermana Eva, que quedaron en libertad con cargos. Ambas participaron en la gestión de Microgénesis, la primera como administradora única y la segunda como apoderada. Este reparto de responsabilidades y de estructura de la entidad refleja una concepción endogámica en la dirección de Microgénesis, que según el auto del juez Ruz perseguía fines lucrativos.

5-VII-11, J.M. Brunet, lavanguardia