La monarquía marroquí es absoluta y los cambios propuestos por el comité nombrado por el rey rebajan el absolutismo. Por ejemplo, el rey se compromete a elegir al primer ministro de entre las filas del partido político más votado. Y el jefe de gobierno será entonces el encargado de nombrar a ministros, gobernadores, embajadores y altos funcionarios. Es decir, la monarquía se dice dispuesta no ser tan autoritaria como hasta ahora, lo que es un paso adelante. Pero, pese a lo que digan sus partidarios, no pretende convertirse en una monarquía parlamentaria de corte europeo.
Los redactores del nuevo texto fundamental dicen que todo está claro, pero hay muchos puntos confusos. El rey ve recortados sus poderes, pero sigue teniendo mucho poder. Mantendrá bajo su autoridad a las fuerzas armadas y la política exterior, y presidirá el Consejo de Ministros y un Consejo Nacional de nueva creación. Y los asuntos religiosos continuarán siendo de su exclusiva incumbencia. Eso no impide que, efectivamente, el Parlamento también vea incrementado su poder. Pero el resultado de la propuesta constitucional es que se queda a medio camino y no incluye, pese a lo que sostiene la versión oficial, todos los principios democráticos, y eso es así no porque se diga desde Europa, sino que es en el mismo Marruecos donde se ha puesto de manifiesto. Las manifestaciones en contra de la propuesta constitucional son la prueba de que el paso dado se ha quedado corto.
El problema radica en que el cambio propuesto es otorgado, no conseguido por la población marroquí, como en Túnez y Egipto. Se trata de una Constitución otorgada, que deberá ser aprobada ono el próximo día 1de julio en referéndum, y no una Constitución debatida y aprobada por una asamblea constituyente, como se ha previsto en Túnez y Egipto.
Las prisas de Mohamed VI se deben a las protestas que se suceden en el mundo árabe. Y se ha ido demasiado rápido. La decisión de que los partidos políticos sólo tengan diez días para hacer campaña a favor o en contra del nuevo texto, que puede sustituir al de 1996, no ha sido la mejor manera de favorecer el debate.
