Durante las últimas semanas China se ha convertido en escenario de violentas protestas, que han obligado a Pekín a llevar a cabo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Unos disturbios que muestran el creciente malestar de una gran parte de la población contra los mandatarios, especialmente los responsables locales.
El último brote de violencia estalló hace pocos días en la ciudad de Zengchen, en la provincia sureña de Guangdong. Miles de trabajadores emigrantes se manifestaron contra el Gobierno local, quemaron edificios oficiales y vehículos policiales. Fue la respuesta de la población a una agresión sufrida pocos días antes por una vendedora ambulante embarazada por parte de agentes del orden.
Unos días antes, en la localidad de Chaozhou, también en la provincia de Guangdong, cientos de trabajadores atacaron las instalaciones gubernamentales para presionar a la empresa en la que trabajaban con el objetivo de que les fueran abonados los salarios atrasados.
Ypor las mismas fechas, un poco más al norte del país, en Lichuan, provincia de Hubei, se producían violentos disturbios. Miles de manifestantes salieron a la calle para protestar por la muerte de un funcionario local, que se oponía a las expropiaciones ilegales, mientras estaba bajo custodia policial. Las autoridades habían justificado su detención por la aceptación de supuestos sobornos.
Con anterioridad a estos casos, la provincia de Mongolia Interior vivió los peores disturbios de las últimas décadas. La muerte de un pastor, atropellado por un camión que transportaba carbón, cuando protestaba por la contaminación de las explotaciones mineras, fue el detonante. En un juicio exprés, el conductor fue condenado a muerte, y el Gobierno se ha comprometido a revisar los planes de explotación minera.
Zheng Yongnian, de la Universidad de Singapur, considera que todos estos brotes de violencia tienen su origen en la desesperación de la población frente a los déficits del sistema judicial. Y subraya, en declaraciones a la agencia Afp, que al final "hay tantas categorías sociales irritadas que se ha creado un contexto global de tensión entre el Gobierno y la población".
La ira ha ido creciendo entre la población a medida que empeoraba la situación económica para los más pobres. A los abusos de poder, la expropiación ilegal de casas y terrenos y los casos de corrupción, se suma ahora una presión inflacionaria que genera todavía más malestar entre los débiles.
"Los problemas locales tienen tendencia a degenerar debido a la creciente inquietud provocada por otros asuntos, como es la inflación", opina Russell Leigh-Moses, un analista financiero, en declaraciones a Afp. Su argumento es de peso: en un país donde el salario medio en el sector público fue de unos 180 euros mensuales en el 2010, la tendencia al alza de la inflación, que en mayo se elevó al 5,5%, su nivel más alto en los últimos tres años, se convierte en un factor explosivo.
Campesinos, trabajadores temporeros y jubilados se exasperan cuando ven que sus salarios apenas dan para comer, ya que los precios alimentarios aumentan cada mes un 11% de media, debido a la sequía y al incremento del precio de los carburantes.
Y por si fuera poco, de forma involuntaria, el Banco Popular de China ha añadido más leña al fuego. Esta entidad publicó esta semana un informe que explicaba que alrededor de 17.000 cargos gubernamentales y de empresas estatales evadieron al extranjero en torno a 87.500 millones de euros entre 1990 y el 2008, procedentes de operaciones ilegales. El Gobierno ordenó retirar la información de internet para no alimentar la indignación.
19-VI-11, I. Ambrós, lavanguardia
Centenares de personas salieron ayer a la calle en la localidad meridional de Anshun para protestar contra la muerte de un vendedor ambulante apaleado por la policía. Esta manifestación ocurre en un momento de fuerte tensión social en el sur de China.
28-VII-11, afp, lavanguardia