El final de la legislatura està essent summament conflictiu en l´àmbit de la justícia. El Govern ha volgut impulsar reformes de modernització que han originat greus disputes en el sector. La pugna es produeix en essència entre dues concepcions de l´organització judicial. Una vol primar els jutges, per a que mantenguin i fins i tot incrementin llurs atribucions en la direcció dels procesos. Una altra, en canvi, persegueix traslladar a Espanya el model anglosaxó, potenciant el paper dels fiscals.
En el fondo de estas posturas laten las experiencias derivadas de los principales procesos de los últimos años, desde el caso Gürtel –como paradigma de todos los relacionados con la corrupción– hasta los juicios pendientes contra Garzón. La política judicial, en suma, se envenena cada día más y el mundo de la justicia está recorrido por grandes tensiones que probablemente no se despejen hasta que pasen las próximas elecciones generales.
Los enfrentamientos han llevado a un choque a tres bandas entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como órgano de gobierno de los jueces, y la Fiscalía. Cada una de estas instancias tiene su calendario y sus prioridades, y el pulso ha derivado en una gran confusión sobre el contenido de las medidas de agilización de la justicia, contempladas en una ley en trámite en el Congreso y que es el eje de la disputa.
La cuestión es técnica, sobre la organización de los procesos, pero revela claramente un conflicto de poder. A consecuencia de ello, el grupo socialista ha retirado todas las enmiendas que había presentado, a la espera de que se despeje el panorama. Una de ellas pretendía reforzar el secreto del sumario y que los jueces fueran los únicos que pudieran informar sobre la marcha de los procesos. Abogados y fiscales quedaban reducidos al silencio. Los letrados necesitaban incluso el permiso del magistrado para comunicar a la opinión pública el contenido de sus propias iniciativas.
Las enmiendas habían sido negociadas por el Consejo del Poder Judicial con los grupos parlamentarios. La Fiscalía se enteró cuando ya estaban presentadas, tras esos contactos del CGPJ con los principales partidos. Los primeros fueron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el líder del PP, Mariano Rajoy. El Consejo asumió así un gran protagonismo, con el propósito de que no se perdiera otra legislatura para la modernización de la justicia. En esos contactos participaron los vocales del Consejo José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, del sector progresista, y los conservadores Manuel Almenar y Fernando de Rosa, vicepresidente de la institución.
El Gobierno vio con buenos ojos la iniciativa, hasta el punto de no detenerse ante la contradicción que suponía que buena parte de las enmiendas preparadas contradecían la filosofía de otra gran reforma pendiente, la de la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo proyecto se aprobará en breve. En esa reforma son los fiscales y no los jueces los que ganan posiciones en la dirección de la investigación de los delitos.
El PP no quiere ni oír hablar de ello, sobre todo a raíz del caso Gürtel y de otros relativos a supuestos asuntos de corrupción, como el del Palma Arena, en los que la Fiscalía ha tenido un papel muy activo. El PSOE, a su vez, sabe que en esta legislatura ya no hay tiempo de reformas a fondo del proceso penal, pero está convencido de que los populares serán los primeros que querrán potenciar a los fiscales si ganan las próximas elecciones generales.
Con este panorama, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trata de recomponer un mínimo consenso, siguiendo instrucciones del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero todos son conscientes de que ya no caben grandes pactos sobre la justicia en esta legislatura.
13-VI-11, J.M. Brunet, lavanguardia
