qualitat democràtica: ens convé adoptar un Landsdomur

L´ex Primer Ministre està essent jutjat pel Landsdomur, òrgan creat el 1905 per a casos que afectassin a membres del govern i que mai havia actuat. El procés fou impulsat pel Parlament després de l´informe de la comissió investigadora que es constituí per a depurar les responsabilitats de la crisi. La fallida del sistema financer islandès obligà a nacionalitzar els principals bancs i ha dut el país a la pitjor crisi de la seva història recent. 7-VI-11, BBC

Una vez leída la acusación y de haber declarado Haarde, el Landsdómur, tribunal que juzga el caso, se tomará un tiempo de reflexión hasta septiembre, dentro de un proceso en el que el ex primer ministro se enfrenta a una pena de cárcel de hasta dos años.

El Lándsdomur fue creado en 1905 para juzgar procesos que afecten a miembros del gobierno y nunca hasta ahora había actuado.

La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althing (Parlamento islandés) así lo decidió en septiembre pasado por 33 votos a favor y 30 en contra, siguiendo el consejo del informe realizado anteriormente por la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

En aquella votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora.

El Landsdómur está formado por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de una corte de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

7-VI-11, efe, lavanguardia

Islandia enjaula a sus banqueros, y puede que también a algún político. El ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde afronta desde hoy un juicio en el que está acusado de negligencia grave por su gestión de la crisis. Los bancos islandeses quebraron en octubre de 2008, el fatídico mes del colapso de Lehman Brothers, y metieron a Islandia en una profunda crisis de la que aún no ha salido, y que ha provocado fuertes subidas de impuestos, un severo recorte del gasto público y un corralito que impide a los islandeses disfrutar con libertad de sus ahorros. El Ejecutivo se vio obligado a pedir ayuda al FMI.

Una cuarta parte de la población echó a la calle para pedir la dimisión de Haarde tras la bancarrota, y el primer ministro presentó su dimisión apenas dos meses después. Los socialdemócratas ganaron las posteriores elecciones. Su imputación llegó el pasado septiembre, con el visto bueno del Parlamento -por un escaso margen-, tras el informe realizado por una comisión de investigación para determinar responsabilidades. La misma comisión ha allanado el camino para juzgar a varios ejecutivos de banca.

Un tribunal especial para procesos que afectan al Gobierno será el encargado de estudiar el caso. Pese a que hoy debe confirmarse la acusación, es probable que el juicio no empiece hasta después del verano. Haarde (el primer líder político en el mundo encausado por la crisis) podría disponer de ese plazo para presentar alegaciones. La fiscalía le acusa de incumplimientos de sus responsabilidades "cometidas desde febrero a principios de octubre de 2008 por negligencia grave", al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los bancos. "Esto será difícil de probar, sobre todo a la luz de lo que se conoce acerca de la crisis bancaria en Islandia y en otros países", aseguró hace unos días Haarde.

"La causa contra el ex primer ministro no prosperará porque se trata de una simple vendetta política", aseguró a este diario Hannes H. Guissurarson, exasesor del Ejecutivo conservador durante unos años en los que Islandia desreguló completamente la banca. El Parlamento exculpó en la misma votación que dio luz verde al encausamiento de Haarde a otros ex altos cargos (un conservador y dos socialdemócratas), en contra del parecer de la comisión investigadora.

El FMI aseguró ayer que la recuperación islandesa "está en camino", y que el Ejecutivo debería mantener los controles de capitales para evitar problemas con la divisa. Tras una caída del PIB del 3,5% en 2010, el FMI espera que Islandia crezca el 2,3% este año.

7-VI-11, efe, elpais

En un país de por ahí arriba, creo que Islandia, están juzgando al anterior primer ministro por su desgobierno. Es decir, por conducir a su nación a la catástrofe y no hacer caso de los avisos que recibía. Si se demuestra su culpabilidad, pueden caerle dos años de prisión. En ese país tienen una ley que permite ese acto de justicia y, según se puede comprobar, no se conforman con la doctrina y la tradición de las demás democracias: el mal gobernante paga sus errores en las elecciones, y no hay por qué exigirle otras responsabilidades. Las urnas y la historia son los encargados de juzgarlo.

¿Cuántos ciudadanos del mundo habrán aplaudido esa noticia? No hace falta imaginarlos. Basta con
sondear a nuestras familias. Yo me limito a decir –y no quiero señalar a nadie ni a nada– que un país que ha tenido la previsión legal de exigir responsabilidades penales a los gobernantes por hacer un mal uso del gobierno empieza a ser un país serio. Tiene un entendimiento de la función pública como un servicio encomendado por la sociedad, y si el gobernante incumple ese encargo soberano, si defrauda la confianza en él depositada, y si por ineptitud o desidia causa daños a los contribuyentes, se le juzga.

En otras naciones –y sigo sin señalar–, las cosas suceden exactamente al revés. Hay algún malabarista, como el señor Berlusconi, que busca en la política todo lo contrario: la inmunidad y la impunidad por sus acciones dudosas en la vida privada. Y hay algunas fuerzas políticas en España que ponen a sus imputados en las listas electorales, en la esperanza de poder decir que las urnas les han indultado. Están en boca de todos por sus abusos y a veces por sus latrocinios, malversaciones y otras figuras recogidas en los códigos, pero sus partidos les perdonan y hasta los ensalzan por la única y soberana razón de que aportan votos. Algunos de ellos se sentarán estos días en los nobles escaños de los parlamentos regionales.

9-VI-11, Fernando Ónega, lavanguardia