Guantánamo es una mancha en el sistema de justicia de Estados Unidos. La Administración Bush fue criticada por desafiar el derecho internacional. Un informe elaborado a principios de 2006 por cinco expertos de la ONU pidió el cierre, por considerarla contraria al derecho internacional, de la prisión de Guantánamo, donde Estados Unidos ha llegado a recluir hasta un total de 760 personas bajo la acusación de ser miembros de Al Qaeda. El informe, avalado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, exigió que se juzgara a los detenidos o se les dejara "en libertad sin más dilaciones". El informe también censuró "los intentos de la Administración (Bush) para redefinir la tortura" y dedicó un apartado especial a las entregas extraordinarias de detenidos a países donde existía "un riesgo sustancial de ser torturados". El Parlamento Europeo también reclamó en junio de 2006 la clausura de Guantánamo y pidió a Washington que aplicara las garantías del derecho internacional. Todo resultó en vano.
El triunfo electoral de Obama en las elecciones presidenciales de noviembre del 2008 alimentó las esperanzas de que la nueva Administración cerrará la herida abierta con el penal militar y el invento neoconservador del concepto de combatientes ilegales enemigos para esquivar las salvaguardas que ofrece la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra. Pero, dos años después, lo decisivo es que Obama acaba de reinstaurar los juicios militares en Guantánamo. El presidente, pues, ha incumplido su promesa. Eso es innegable, pero este incumplimiento no es ajeno precisamente a la derrota presidencial en la batalla política que ha librado contra la oposición republicana.
Obama es prisionero ahora de una promesa que hizo entre errores de cálculo, ingenuidad y optimismo. La historia ya ha demostrado que Guantánamo es un fracaso. Por ejemplo, sólo seis de los detenidos han sido condenados por las comisiones militares, y cinco de ellos ya están en libertad. ¿Por qué entonces sigue abierto Guantánamo? Primero, porque Obama no ha sabido encontrar la puerta de salida. Y segundo, aunque no por ello menos importante, porque el Congreso, en dos ocasiones, ha decidido prohibir que puedan ser utilizados dineros públicos para que los presos de Guantánamo sean trasladados a cualquier lugar de Estados Unidos. Dieciséis estados, entre ellos el español, ya han acogido a unos treinta detenidos. Y sólo uno ha sido trasladado a suelo estadounidense. La ironía es que el jurado de un tribunal de Nueva York sólo fue capaz de probar uno de los 285 cargos que se le imputaban al prisionero. Guantánamo, dos años después de la promesa de Obama, continúa siendo una mancha.
