El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en los últimos dos meses el uso de la fuerza en Libia y Costa de Marfil. Mientras funcionarios de la ONU y diversos analistas consideran que se trata de una nueva tendencia para proteger a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, otros expertos y gobiernos piensan que la ONU es manipulada para legitimar intervenciones postimperiales.
En marzo pasado el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea, reforzar el embargo de armas y proteger civiles en Libia. El 4 de abril, luego de meses de resistencia violenta del presidente de Costa de Marfil a entregar el poder al candidato electo, y de ataques al cuartel de la misión de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, solicitó, apoyándose en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1975 y 1962, a los cascos azules y a Francia que "tomaran las medidas necesarias" para defenderse y proteger civiles.
El jefe del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, Alain Le Roy, indicó que la intervención se hace por razones morales, legales y militares. La ONU ha aprobado el uso de la fuerza en otros casos, pero, en general, ha evitado utilizar sus soldados en operaciones de paz coercitivas.
Una aplicación más flexible de la fuerza para proteger civiles es algo que depende de las relaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad. El hecho de que China, Rusia, Brasil y Alemania se abstuvieran y no bloquearan la resolución sobre Libia indicaría una apertura en esa dirección. A la vez, es significativo que la Liga Árabe,Líbano y Qatar hayan apoyado la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia.
El derecho internacional establece que la soberanía nacional no debe ser violada, salvo en casos de autodefensa o amenaza a la paz mundial. La pasividad de la comunidad internacional en los años 90 ante los genocidios en los Balcanes y Ruanda, más la ineficacia de la ONU en otros casos debido a mandatos restrictivos, generó la discusión sobre cómo se debe responder cuando un Estado comete violaciones masivas de derechos humanos o genocidio. En el 2005 la Asamblea General de la ONU aprobó el principio de la responsabilidad de proteger, según el cual el sistema internacional debe prevenir y actuar en casos de genocidios y violaciones masivas de derechos humanos. Los promotores de este principio consideran que el derecho internacional debe regularlo.
Los prointervencionistas favorables a ejercer esta responsabilidad consideran que la Carta de las Naciones Unidas de 1945 iguala la defensa de la paz y de los derechos humanos; que se ha creado un derecho consuetudinario que permite las intervenciones, pese a que la Carta no las autoriza, y que existe un argumento moral, y de guerra justa, que obliga a la comunidad internacional a tomar el papel del Estado si este falla en sus obligaciones.
Para los antiintervencionistas, la Carta de la ONU prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros estados y el uso de la fuerza en las relaciones entre ellos. Los estados no intervienen por razones morales, sino para defender sus intereses nacionales y estratégicos. Otros argumentos en contra son que los estados no reaccionan de manera universal a las crisis sociales; que la opción militar resta espacio a las negociaciones de paz; que las luchas por los derechos humanos y la democracia deben librarlas los actores locales, y que la intervención extranjera es contraproducente. Muchos conservadores se oponen, asimismo, a intervenciones por cuestiones morales.
Estos argumentos están presentes en los casos de Libia y Costa de Marfil. Hay víctimas que proteger y un clima social a favor de hacerlo. Para Francia y el Reino Unido es una oportunidad de liderazgo interno y externo, mientras que a Washington le interesa mantener un papel secundario. Todos buscan la estabilidad para continuar accediendo al petróleo, el gas y el cacao, y frenar la inmigración. El factor decisivo es, sin embargo, la credibilidad: Europa, EE. UU., el Consejo de Seguridad de la ONU y la Liga Árabeintervienen en Libia para dar un mensaje de apoyo a la democracia en el mundo árabe y borrar el recuerdo de su amistad con Gadafi y Mubarak. Pero han cometido el error de creer que sería una misión sencilla, al tiempo que surge la pregunta: ¿por qué actúan en Libia y no en Yemen o Palestina?
El conflicto entre intereses económicos y credibilidad, por un lado, y valores morales, por otro, es evidente en estos casos. El sistema internacional se rige por intereses, pero sectores de la sociedad civil global exigen una respuesta moral e igualitaria, no sólo militar, para todos a las violaciones masivas de derechos humanos. La ONU está en el medio de esa tensión que no se resolverá en el corto plazo.