El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó esta madrugada (hora española) por unanimidad una batería de sanciones contra el régimen de Gadafi. Tras una semana de titubeos de EE. UU. y Europa ante la represión contra la revuelta en Libia, la comunidad internacional se activa. Pero las medidas excluyen una intervención militar para frenar las matanzas.
El viernes por la noche, el presidente de EE. UU., Barack Obama, se adelantó a los socios europeos y firmó un decreto por el que los bienes de Gadafi, su familia y los miembros del régimen en EE. UU. quedan bloqueados. Washington, que reanudó las relaciones diplomáticas con Libia en 1998, también cerró la embajada en Trípoli y suspendió los mínimos contactos militares que mantenía con el ejército libio.
En una conversación telefónica ayer con la canciller alemana Angela Merkel, Obama dijo que "cuando la única manera que tiene un líder para mantenerse en el poder es el uso de la violencia masiva contra su propio pueblo, ha perdido toda legitimidad para mandar y debe hacer lo correcto para su país, que es marcharse ahora". Es la primera vez, desde que estalló la ola de revueltas en el mundo árabe, que el presidente pide la marcha de un líder.
Obama, acusado de timidez ante la matanza, ha elevado el tono después de que hubiesen salido de Libia los últimos estadounidenses que deseaban marcharse. Washington temía que una condena demasiado severa de Gadafi fuese el pretexto para represalias contra los diplomáticos y expatriados, al estilo de la toma de rehenes en 1979 en Teherán.
Al final del segundo día de reuniones en Nueva York, los 15 miembros del Consejo de Seguridad aprobaron sin votos en contra ni abstenciones la resolución promovida por Francia, Reino Unido, Alemania y EE. UU. Las sanciones incluyen un embargo a la venta de armas al Gobierno libio, la prohibición de viajar al extranjero de los líderes, la congelación de los bienes de Gadafi, su familia y su gobierno y una investigación, por parte del Tribunal Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad.
Durante los debates previos, el principal obstáculo fue la propuesta de llevar a los culpables de la represión a la justicia internacional. China y Rusia, alérgicos a la injerencia internacional, desconfían de este tipo de iniciativas. Al final ambas potencias, con derecho de veto en el Consejo, aparcaron las reticencias y acabaron sumándose a la resolución, lo que refuerza la presión de la comunidad internacional sobre Gadafi. La propuesta de resolución, en todo caso, descarta la creación de una zona de exclusión de vuelo sobre Libia, opción que implicaría una operación militar.
La presión por actuar, sin embargo, era notable. El secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, advirtió a los miembros del Consejo de Seguridad de que el número de muertos supera el millar. El viernes, el propio embajador libio ante la ONU, Andurrahman Mohamed Shalgam, hasta hace unos días fiel a Gadafi, instó a la comunidad internacional a intervenir para frenar las matanzas. Después rompió a llorar.
27-II-11, M. Bassets, lavanguardia
EE.UU. no ha endurecido la retórica por su cuenta, sino en concierto con los socios europeos. El esfuerzo culminó el sábado por la noche (madrugada de ayer en Europa), con la adopción en el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1970.
Lo más novedoso de la resolución no son tanto el embargo armamentístico, la prohibición de viajar a 17 figuras del régimen libio o la congelación de los bienes en el extranjero de Gadafi y su entorno. Había consenso sobre estas sanciones.
Lo novedoso es que las sanciones fuesen adoptadas por unanimidad, y que estas incluyeran la decisión de remitir los posibles crímenes contra la humanidad cometidos estos días en Libia al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, para que los investigue y juzgue a sus responsables. Este fue el escollo principal durante los dos días de reuniones entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad.
China y Rusia, países con derecho a veto (y a veces también EE. UU.), desconfían habitualmente de este tipo de medidas que socavan la soberanía nacional. Pero una carta del embajador libio ante la ONU, Abderraman Mohamed Shalgam, contribuyó a ablandar a los reticentes. El embajador, que se ha distanciado de Gadafi, apoyaba en la carta las medidas "para que los responsables de los ataques contra civiles libios respondan de sus actos, incluido ante el Tribunal Penal Internacional".
Las sanciones descartan la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia y excluyen la intervención armada para frenar las matanzas.
28-II-11, M. Bassets, lavanguardia