David Martínez Madero, director de la Oficina Antifrau de Catalunya, tenía 47 años y no llegó a casa. Murió de un infarto, volviendo de Singapur, en el aeropuerto de Milán. No lo conocía personalmente, pero tengo claro que el viernes fue un día nefasto para nuestro país, porque esta es una gran pérdida para la ciudadanía, aunque la mayoría no sepan ni quién era ni qué hacía.
Le había visto, no demasiadas veces, en la televisión y había leído algunas de sus declaraciones y la impresión que acompañará en mi caso su memoria - y creo que también para muchos más-es que realmente hacía su trabajo y no se limitaba meramente a ocupar el cargo.
Especialmente en la administración pública - entre cargos políticos de todo tipo, pero también en la universidad y en otras estructuras jerárquicas-brilla por su ausencia atender las responsabilidades incómodas por difíciles - u opuestas a las estructuras de poder, o comprometedoras por otras razones-que comporta el puesto de trabajo, como si el disfrute de este no fuera aparejado con ellas. Y eso es lo que más desencanta, a aquellos que sólo somos ciudadanos, de la política en particular y de las instituciones en general.
Por lo tanto, lo que destaco en este caso no es que luchara contra la corrupción, la delincuencia financiera o el crimen organizado - muchos cargos hacen muchas cosas y trabajan mucho-,que ya en sí mismo es una gran contribución al bienestar colectivo, sino que estuviera dispuesto a afrontar la expulsión de la corrupción institucional a todos los niveles manteniéndose independiente de todos, también de aquellos que lo habían nombrado para el cargo desde el que lo decía.
Y ese es el recuerdo que tengo de él, diciendo claro esto está mal hecho, esto no toca; en medio de la infinidad habitual de versiones cruzadas partidistas e ideologizadas que vierten los políticos sobre cualquier caso y que repite la opinión pública, previa rúbrica de los periodistas. Necesitamos independencia entre poderes, honestidad y buen hacer.
Es imprescindible, en general, para asegurarnos un entorno individual y social mejor; y dentro de las instituciones públicas, una garantía imprescindible de la democracia y no la mera apariencia de esta.