El pasado 27 de diciembre el abogado del Estado presentó sus alegaciones contra el recurso de unos padres que pretenden que su hija no curse educación para la ciudadanía (EpC). Es la primera vez que el tema llega al Constitucional. Los padres alegan objeción de conciencia. El "relativismo moral" que se enseña en EpC es contrario a sus convicciones, y la Constitución, dicen, les da derecho a reclamar que sus hijos reciban una formación que no se oponga a sus creencias. El abogado del Estado, a su vez, no niega que la asignatura en cuestión tenga un contenido filosófico y moral, al que llama "relativismo filosófico". Al contrario, lo reivindica como presupuesto de la democracia, y de su "connatural pluralismo ideológico." Además, dice, la Constitución no establece el monopolio de los padres sobre la educación de sus hijos. El Estado debe proteger la libertad de conciencia de los menores, incluso frente a sus padres. De ahí que obligue a aprender el relativismo filosófico.
Por un lado, es cierto que los padres pueden alegar objeción de conciencia precisamente porque el Estado es relativista. Para que cualquiera pueda vivir acorde a sus convicciones, el Estado debe ser neutral, y actuar como si todas las convicciones fueran igual de válidas. Es el intento de poner fin a la imposición de verdades absolutas, cerradas y definitivas por parte de cualquier institución. El Estado cree, por boca de su abogado, que esto le da derecho a imponer el relativismo filosófico en las escuelas. El círculo vicioso se cierra: el Estado impone a los menores como si fuera una verdad absoluta que no existen las verdades absolutas. Lo que se le escapa al abogado del Estado es que una cosa es el relativismo al que se debe el Estado, en su papel de árbitro, y otra el contenido del relativismo filosófico que pretende enseñar a los menores.
En lo moral, el Estado debe tratar todas las creencias por igual, sí, pero eso no nos obliga a los demás a sostener que todas las creencias valen lo mismo. La idea de que todo es relativo vale como consenso funcional, es una razón de Estado, que aceptamos para no matarnos. Pero como filosofía de vida es tan frágil como cualquier otra, engendra una moralidad concreta y pertenece a lo privado. Dicho de otro modo: el Estado tiene la obligación de callar sobre la moral, también en la escuela, para que nosotros podamos vivir de acuerdo con ella. No estamos obligados al relativismo. Así, la única educación política y moral obligatoria que cabe en la escuela debe ser sobre los límites del Estado, esto es, sobre el derecho de cada uno a sostener verdades propias en la conciencia y vivir por ellas. Creer que la manera de proteger la conciencia de los menores es el relativismo filosófico es una creencia muy respetable, que el abogado del Estado debería enseñar a sus hijos en la intimidad de su casa, o en una escuela privada, si lo ve conveniente.
8-I-10, Jordi Graupera, lavanguardia