Irlanda puede verse obligada a modificar sus estrictas leyes sobre el aborto e incluso tal vez su Constitución, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldara ayer la denuncia de una mujer lituana enferma de cáncer que se vio obligada a ir al Reino Unido para poner fin a suembarazo con un considerable peligro para su salud. La sentencia de la corte europea constituye un nuevo golpe para el atribulado gobierno que encabeza Brian Cowen, humillado por el reciente rescate de la comunidad internacional tras la quiebra virtual de su sistema financiero, yque se ha visto obligado por Bruselas a implementar los mayores recortes presupuestarios en la historia moderna de la república. Está previsto que se celebren elecciones anticipadas a finales del invierno o principios de la primavera.
Aunque la Constitución fue modificada en 1992 para hacer legal el aborto en caso de que la vida de la madre corra peligro, esa enmienda nunca se ha reflejado en el código penal, y existe una considerable presión tanto social como legal para no proceder a la terminación artificial de los embarazos, sobre todo aquellos de más de cien días. Tanto el médico como la mujer pueden ir a la cárcel si autorizan esa práctica y los tribunales deciden posteriormente que no había razones médicas que la justificaran.
Tres mujeres residentes en Irlanda –dos de nacionalidad irlandesa y la tercera lituana– llevaron sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el argumento de que las restricciones al aborto habían resultado en su estigmatización y humillación, y puesto en peligro su salud e incluso su vida. La primera tenía ya varios hijos a los que no podía mantenery que estaban a cargo del estado. La segunda no quería convertirse en madre soltera. Y la tercera padecía un cáncer poco habitual en remisión cuando se quedó involuntariamente embarazada, temiendo que la enfermedad reapareciera o que el feto enfermara.
Las alegaciones de las dos primeras mujeres fueron rechazadas, por estimar el tribunal que no habían demostrado suficientemente que su salud corrieran peligro como consecuencia de haber tenido que desplazarse al Reino Unido para abortar. Pero a la nacional lituana se le ha dado la razón, porque ni su médico de cabecera ni el personal de la sanidad pública irlandesa le dieron suficiente información sobre las implicaciones del embarazo para su cáncer, ni le facilitaron la posibilidad de terminarlo en Irlanda. En vista de la incertidumbre, decidió viajar a Inglaterra, donde tardó semanas en encontrar una clínica que, en vista de que no era residente en el país, le proporcionara las medicinas necesarias para inducir el aborto. Al final, después de varios meses de espera, tuvo que ser objeto de una operación quirúrgica.
La mujer en cuestión, a quien se conoce como C, cuenta que a su regreso a Irlanda, cuando acudió de nuevo a la sanidad pública para recibir tratamiento por las complicaciones ocasionadas por la tardía intervención en Gran Bretaña, el mismo médico con el que había discutido la posibilidad del aborto actuó como si no hubiera ocurrido nada. El año pasado 4.600 irlandesas viajaron a Inglaterra para abortar, y casi 150.000 lo han hecho en las dos últimas décadas.
17-XII-10, R. Ramos, lavanguardia
