sistèmica necessitat d´una Llei d´Accés a la Informació Pública

Andalucía y Galicia son las dos comunidades españolas cuya administración autonómica obtiene una puntuación más alta en lo referente a transparencia: 87,5. Las siguen La Rioja (83,8) y, a continuación, Catalunya, con 82,5. El decimoséptimo y último lugar en la tabla es para Cantabria, con 53,8 puntos, que sigue de cerca a Baleares y Valencia, que empatan a 56,3. Entre el grupo de cabeza y el de colistas están, por ejemplo, Madrid (80), Castilla y León (73,8) y el País Vasco (57,5).

Vale la pena precisar, pormenorizando en algunas de estas puntuaciones, que los ámbitos más opacos de la administración pública catalana son los relativos al área económica-financiera (58) y a la de contrataciones y servicios de suministros (62). Y, también, que en la clasificación tocante a municipios, fueron seis los que alcanzaron la excelencia (100 puntos). Se trata de Bilbao, Gijón, Ponferrada, El Puerto de Santa María y dos de tierras catalanas: Sant Cugat del Vallès -que repite la nota máxima, ya obtenida en el ejercicio anterior- y Sabadell.

Estos datos, cuya elaboración y difusión se enmarca en la urgente lucha contra la corrupción, a la que por desgracia no siempre es ajena la administración pública, permiten extraer varias consideraciones. La primera es que la España de las autonomías es también la de los desequilibrios, según puede comprobarse en muy distintos ámbitos, y también ahora en el de la transparencia. Que Andalucía, la comunidad mejor calificada, se acerque a los 90 puntos, y que Cantabria, la peor, se aproxime a los 50 denota que ciudadanos españoles con los mismos derechos y deberes son sometidos a una gestión pública de muy diversa fiscalización. La segunda consideración es que queda mucho por mejorar. Estando el promedio de calificación de las diversas comunidades en los 71,5 puntos, puede decirse que la transparencia podría aumentar casi un 30% en el conjunto de España, hasta llegar a ser total. No parece sensato, francamente, conformarse con menos. La tercera y última consideración es que la mejor manera de alcanzar este objetivo de total transparencia implica, probablemente, la redacción y la aprobación de una ley de acceso a la información pública. Sólo de esta manera podremos olvidarnos de porcentajes, de mejoras y empeoramientos, y aspirar a la completa transparencia. Es decir, sólo de esta manera podrá confiarse en la posibilidad de tener, algún día, una administración sin tacha, totalmente libre de corruptelas, que nunca son de recibo y en épocas de crisis y restricciones generalizadas constituyen además una intolerable afrenta.

22-XI-10, lavanguardia