El aumento, en tiempos de crisis, de las subvenciones electorales a los partidos con motivo de la cita del 28-N parece haber pasado inadvertida. Prácticamente nadie ha cuestionado el incremento
del 9,2% en relación a las elecciones catalanas del 2006 acordado la pasada semana por el Govern y lamayoría de destinatarios de la medida –los propios partidos– o ha obviado el asunto
o ha pasado de puntillas sobre una situación que resulta, sin duda, poco grata. A excepción de
CiU, que hasta ahora es la única formación política que se ha mostrado públicamente a favor del
recorte, y no de la subida, de las subvenciones para la campaña: 11,6 millones de euros en total...
ERC, en cambio, prefiere no entrar a valorar la incomodidad de la medida adoptada por el Govern
en plena crisis económica y su portavoz, Ignasi Llorente, destacó ayer que lo relevante es que
las subvenciones electorales que aporta la administración pública a los partidos, a diferencia de las donaciones anónimas, es “transparente y fiscalizable” y evita, a su entender, futuros casos de corrupción. El resto de fuerzas políticas, por su parte, ha acogido el acuerdo del Govern con silencio. Y, en principio, ya se sabe que quien calla es que otorga.
12-X-10, J. Gisbert, lavanguardia
