Ana María méndez
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contra el canon digital
Muy pocas iniciativas legislativas tienen el dudoso honor de aglutinar un rechazo tan grande como el controvertido canon digital que se aplica en España sobre todos los dispositivos de grabación o reproducción. Más de tres millones de firmas presentadas en el Congreso de los Diputados, todas las organizaciones de usuarios, más de 5.000 entidades sociales del país y la patronal tecnológica llevan años oponiéndose a lo que consideran una norma de efecto indiscriminado e injusta que no resuelve el problema de la legítima protección de los derechos de autor y que ha acabado enfrentando a los creadores con los consumidores.
Así lo vio también la propietaria de una tienda de informática de Barcelona a quien la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclamó 16.000 euros en concepto del polémico canon digital. El Tribunal de Justicia de la UE dictó ayer que este impuesto es ilegal, por indiscriminado, cuando se cobra a empresas y profesionales. Esta resolución es de obligado cumplimiento y abre, al menos, dos incógnitas de futuro. La primera, y más inmediata, es conocer si la decisión judicial tiene carácter retroactivo ysi forzará a las entidades privadas de gestión del canon a devolver parte del dinero recaudado. Esta cuestión no es menor, ya que las organizaciones que administran los derechos de autor han obtenido hasta ahora 100 millones de euros gracias al canon digital.
Ana María méndez
Por otra parte, la sentencia abre una vía para que las asociaciones de consumidores contrarias al canon sigan la estela judicial iniciada por la empresa catalana que interpuso el recurso que ahora ha resuelto el Tribunal de Luxemburgo. La decisión judicial califica el canon de indiscriminado porque es una tasa que presupone que estos dispositivos se van a usar para la copia de obras bajo derechos de autor sin tener en cuenta que también pueden ser utilizados para almacenar todo tipo de archivos privados no sujetos al copyright. Este es, justamente, el principal argumento esgrimido por los usuarios para oponerse al impuesto...
Mientras las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura estudian cómo reaccionar a este auténtico revolcón jurídico a un canon que impulsaron con escasos apoyos, no pocos sectores de la industria cultural están encontrando vías de penetración y de negocio en los mercados de consumo digital. Estos nuevos caminos son menos impopulares y están recogiendo frutos gracias a que el mercado digital -tanto la oferta como la demanda- está adquiriendo una madurez que no tenía cuando se aprobó el canon.
22-X-10, lavanguardia
El futuro Traxtore ahora se ve mejor. El pequeño negocio familiar, no más grande de 60 metros cuadrados, le ganó ayer una batalla a la poderosa SGAE, pero no la guerra, al declarar ilegal el canon digital en España. Su propietaria y precursora del movimiento Todos contra el canon, Ana María Méndez, dice sentirse "muy contenta, aunque falta conocer la decisión de la Audiencia Provincial".
La lucha de esta mujer comenzó en el 2004 cuando se le acusó de deber 48.000 euros a la SGAE, una condena retroactiva resultado de una auditoría del año 2002 al 2004. "Simplemente era ilógico que nos cobraran por algo que ni siquiera estaba legislado", comentó ayer Méndez, haciendo referencia a que la legislación no entró en vigor hasta el 2006.
Aun así, la familia respondió la sentencia e investigaron por qué se les cobraba tanto dinero. Entonces entendieron que los cálculos hechos por la SGAE correspondían a lo que posiblemente un usuario puede descargar ilegalmente en un dispositivo de almacenaje. Para Méndez, "un cobro excesivo e indiscriminado". Hoy cree que, "debe hacerse un estudio serio que avale el prejucio". Respondiendo a la Ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, que dijo que la legislación está por ajustar, Méndez dijo que "no hay que pulir un par de detalles. Se requiere volver a hablar del tema con la participación del Gobierno, productores, distribuidores, consumidores y SGAE". Todos los afectados por el problema.
Para ganar la guerra, Méndez sólo espera la resolución de la Audiencia sobre el litigio que le planteó. "Espero que caiga por su propio peso".
La aplicación indiscriminada del canon digital tal y como lo prevé la ley española desde diciembre del 2007 es ilegal. Así lo dictaminó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recordó a la justicia española que la directiva europea de derechos de autor reclama que haya "una vinculación" entre la aplicación del canon y el presumible uso de los soportes gravados para la realización de copias privadas. Esta excepción, sin embargo, sólo debe contemplarse para "personas no físicas" que hayan adquirido el material de grabación o reproducción con "fines manifiestamente ajenos" al ejercicio del derecho a la copia privada de obras protegidas. Para los particulares, sin embargo, la sentencia avala el cobro del canon a los particulares. "No es necesario verificar", afirma, que efectivamente usan ese material analógico o digital (CD, DVD, una tarjeta de memoria, un reproductor de MP3…) para realizar una copiar privada. En este caso, es "legítimo" presumir que los particulares aprovechan a fondo las posibilidades técnicas del material que adquieren y cobrarles para resarcir a los autores.
Todas las partes cantaron victoria cuando ayer a las diez de la mañana se hizo público el dictamen en Luxemburgo, sede del tribunal. Responde a una pregunta prejudicial remitida por la Audiencia Provincial de Barcelona, que será quien aplique las orientaciones de los jueces europeos cuando se pronuncie sobre el largo litigio que enfrenta a la empresa catalana Padawan SL con la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE).
El abogado de los demandantes, Josep Jover Padró, aseguró que "cualquier profesional, cualquier persona con un NIF, un autónomo, por ejemplo" puede acogerse a la excepción admitida ayer para las "personas no físicas" que adquieren el material para usos distintos a la copia privada. "Y no es la única excepción posible - asegura el letrado-.El tribunal no las detalla pero tampoco las limita, dice que el canon no se puede aplicar de manera indiscriminada".
Jover reclama al Gobierno español que modifique la ley y aventura que las posibles demandas de otros colectivos sociales también podrían salir adelante. Por ejemplo, "los estudiantes universitarios que tienen que entregar sus trabajos en soportes digitales".
Para la SGAE y la entidad que gestiona los derechos editoriales (Cedro) la sentencia es "un aval" al canon, afirmó Rafael Sánchez, director de la gestora de derechos IBAU, aunque ya la directiva de derechos de autor del 2001 autorizó este gravamen. La sentencia, afirma Sánchez, "no va alterar nada" ya que la orden ministerial fijó una horquilla de recaudación para los autores. "Y si las empresas no pagan el canon, pues tendrán que hacerlo los fabricantes o los distribuidores". O los presupuestos generales del Estado.
Este es el limbo legal en el que queda ahora el canon digital español. Nadie sabe con exactitud qué porcentaje de adquisición de dispositivos sometidos a canon corresponde a particulares y cuál a personas jurídicas, instituciones y empresas, y tampoco está claro hasta dónde puede abrirse la brecha que supone esa "vinculación" exigible entre el uso derecho y el pago de canon de que habla la sentencia.
La historia de este litigio es de las que recuerdan al mito de David contra Golliat. En esta batalla un negocio familiar de electrónica de Barcelona, con el premonitorio nombre Padawan (en el universo Star wars significa aprendiz de jedi), se ha enfrentado a un gigante del tamaño de la SGAE. Su propietaria, Ana María Méndez, inició la lucha cuando hace seis años recibió una carta de la SGAE reclamando 48.000 euros, aunque la condena final del juzgado de lo Mercantil de Barcelona fue de 16.759,25 euros. Recurrió y la Audiencia de Barcelona optó por preguntar a los jueces europeos.
Aunque los autores sonríen, el recorrido legal de este texto es difícil de medir. Precisamente la próxima semana, en Barcelona, se debatirá sobre las consecuencias del fallo de la UE en el marco del FCForum, reunión anual sobre difusión cultural libre en internet, en el que participarán expertos internacionales y se hablará también de una de las principales novedades legislativas: Brasil creará un impuesto para internet que dará derecho al intercambio gratuito de archivos.
22-X-10, B. Navarro/P. Vallín, lavanguardia
