Informe ONU: genocidi

Lo ocurrido en la República Democrática de Congo (RDC) entre 1996 y el 2003 fue un genocidio. En el informe hecho público ayer por la ONU y que había sido filtrado hace un mes se enumera una larga lista de atrocidades cometidas en RDC por parte de varios países africanos. El ejército ruandés, según la ONU, perpetró crímenes contra refugiados hutus que podrían ser calificados de genocidio si fueran probados "ante un tribunal competente".

El informe fue categóricamente rechazado por Ruanda y Uganda, países implicados en los ataques. El régimen ruandés acusa a los autores del documento de querer "validar la teoría del doble genocidio", según la cual las masacres de refugiados hutus ruandeses en RDC en 1996 y 1997 podían compararse con el genocidio contra los tutsi perpetrado en 1994 por el régimen extremista hutu que estaba entonces en el poder en Kigali.

La ONU señala, por su parte, que "esos ataques se desarrollaron en cada localidad de la que fueron desalojados por la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Kinshasa y el Ejército Patriótico Ruandés (AFDL/ EPR) sobre una extensión muy vasta del territorio". Los hutus se habían refugiado en RD Congo, entonces Zaire, por la llegada al poder en Kigali, en 1994, de los tutsis del Frente Patriótico Ruandés (FPR, tutsi), que acabó con un genocidio que había provocado la muerte de unas 800.000 personas, sobre todo de la minoría tutsi.

El informe de la ONU, de 550 páginas, es el resultado de una investigación llevada a cabo entre julio del 2008 y junio del 2009, y es un inventario de 617 crímenes graves que provocaron decenas de miles de muertos civiles de 1996 al 2003 en RD Congo. La violencia fue especialmente mortífera durante las guerras de 1996-1998 y la de 1998-2001.

En Nueva York, el embajador de RD Congo ante la ONU reclamó justicia en nombre de su país, "consternado" por la amplitud de los crímenes cometidos. Por su parte, Angola y Burundi rechazaron categóricamente el contenido del informe de la ONU. El gobierno de Angola negó que unidades de su ejército hubieran estado implicadas en acciones contrarias a las tareas encomendadas.

2-X-10, afp, lavanguardia