Este año se cumplen veinticinco años de la aprobación de la primera ley de Extranjería en España, uno de los requisitos necesarios para poder incorporarse a Europa. En el año 1992, un grupo de entidades sociales firmó el llamado informe de Girona: cincuenta propuestas sobre inmigración, documento que anunciaba el carácter estructural de la inmigración, que requeriría una respuesta integral de la sociedad civil y de las administraciones públicas.
Al año siguiente, e inspirándose en el espíritu que emanaba de este informe, la Generalitat de Catalunya aprobó la creación de un plan interdepartamental de inmigración, cuya estructura y espíritu más o menos se han venido manteniendo hasta la actualidad.
Catalunya lleva más de dos décadas dando respuesta a la inmigración extranjera, tal como lo hizo años atrás, hasta el punto de definir un modelo de acogida singular. Hoy en día, las dimensiones que definen la presencia de la inmigración no sólo han superado las previsiones iniciales, sino que están poniendo a prueba la resistencia de tal modelo.
Los retos que éste ha de abordar no sólo tienen una dimensión cuantitativa (debido a la aceleración de los flujos migratorios durante los últimos años), sino también cualitativa (por su efecto sobre aquellos ámbitos en donde se definen y ejecutan las reglas que encauzan nuestra convivencia social). Quizás el modelo empieza a flaquear en algunos aspectos, especialmente al contrastar las formas de organización y regulación social propias del país con aquellas que son aportadas por los colectivos inmigrantes. Las recientes polémicas sobre el sentido y significado de algunos hábitos vestimentarios son un ejemplo de ello.
Utilizando un lenguaje informático, no sabemos si el modelo catalán de integración debe ser actualizado con una nueva versión o si por el contrario nos hemos de decidir a cambiar todo el sistema operativo. Y no lo sabemos porque, hasta la fecha, nadie se ha atrevido a hacer un balance o libro blanco con relación a la inmigración y a la convivencia en Catalunya. Más allá de la acumulación de meras estadísticas y de memorias de actividades, no disponemos de los datos objetivos para responder a cuestiones del todo procedentes: ¿lo estamos haciendo bien (como país, no como gobierno)?, ¿hemos alcanzado las expectativas que nos habíamos formulado?, ¿en qué nos hemos equivocado?
El balance de los errores cometidos hasta ahora nos pone en el camino de su superación. De este modo, una mirada objetiva sobre todo este recorrido ya andado nos llevaría a revisar algunas situaciones que no han sido bien gestionadas. Y si esto no se ha hecho hasta ahora, ha sido por el excesivo celo partidista que ha secuestrado la reflexión sobre la inmigración en Catalunya.
Puesto que la convivencia en una sociedad no puede atribuirse a la política de un gobierno concreto, entiendo que este ejercicio de revisión deberá ser liderado por la sociedad civil catalana, tal como lo hizo en el año 1992. Para ello, sugiero recuperar las propuestas de aquel documento para observar cuán vigentes siguen estando a principios de la segunda década del siglo XXI.
Podría ser el primer paso para refundar nuestro singular software de integración, y evitar que se convierta en un mero instrumento retórico.
28-VIII-10, Jordi Moreras, lavanguardia