Según la enmienda preparada por el ministro de Inmigración, Eric Besson, bastará atentar contra la vida de un agente de la autoridad -y ser condenado a penas de entre 8 y 10 años como mínimo- para poder ser desprovisto de la nacionalidad. Sin necesidad, por tanto, de que se haya consumado un asesinato. La medida, sobre el papel, podría aplicarse en el caso de ciertos ataques a la policía en las banlieues... Siempre, naturalmente, que el implicado haya adquirido la nacionalidad por naturalización. A los nacidos en Francia no les afecta...
En la misma reunión, el presidente francés instó a plasmar en la ley la posibilidad -ya puesta en práctica este verano con la repatriación masiva de gitanos de origen rumano y búlgaro, los roms- de expulsar del país a ciudadanos de la Unión Europea en determinadas circunstancias: "amenaza para el orden público, ausencia duradera de medios de subsistencia o abuso del derecho de libre circulación". Un concepto, este último, enormemente vago en su actual formulación.
Las iniciativas de Sarkozy, ya avanzadas en su discurso de Grenoble de finales de julio, han sido recibidas con hostilidad, al hacer una amalgama entre ciudadanos de origen extranjero y delincuencia. La organización SOS Racisme calificó ayer la decisión del presidente de "arbitraje de la vergüenza", por establecer "una distinción entre franceses que serían legítimos y otros que no lo serían".
7-IX-10, Ll. Uría, lavanguardia
