Japó acaba amb la Moratòria de la Pena de Mort

Los verdugos volvieron a trabajar ayer en Japón. El Gobierno de centroizquierda nipón puso fin a un año de moratoria de aplicación de la pena capital y ejecutó a dos condenados a muerte. La segunda potencia mundial es, junto con EE. UU., el único gran país industrializado que mantiene la pena de muerte en su código penal.

Justo el día en que se cumplía un año desde los últimos ajusticiamientos, el Gobierno del Partido Democrático de Japón (PDJ) anunció la ejecución de dos reos. Con la frialdad y el pragmatismo que los políticos nipones suelen anunciar sus decisiones, el Ejecutivo de centroizquierda que lidera Naoto Kan puso fin a un año de moratoria de la pena capital.

Los ajusticiados fueron Kazuo Shinozawa, de 59 años, que asesinó a seis mujeres en una joyería en el año 2000, y Hidenori Ogata, de 33 años, condenado por matar a una pareja en el 2003. Ambos fueron ahorcados en el centro de detención de Tokio.

La noticia fue recibida con indiferencia por la población japonesa, que apoya la aplicación de la pena capital para los delitos de sangre en un 80%, pero sorprendió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No se lo esperaban. Les sorprendió porque confiaban en que el PDJ mantendría la promesa que hizo un año atrás, nada más asumir el poder, de aplicar una moratoria de la pena de muerte. Y les dejó sorprendidos que fuera precisamente una ministra de Justicia abolicionista la que firmara las órdenes de ejecución.

Muchos vieron detrás de estas ejecuciones una intencionalidad política. La interpretación era lógica. Después de la estrepitosa derrota electoral en las elecciones para renovar la mitad del Senado del 11 de julio, el partido gobernante intenta de ese modo acercarse a posiciones menos progresistas y un primer gesto puede ser la ejecución de dos condenados por delitos de sangre. El Gobierno lo negó categóricamente.

"Yo misma he ordenado las ejecuciones", dijo en rueda de prensa Keiko Chiba, la titular de Justicia y conocida abolicionista, si bien dejó de militar en la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte cuando fue nombrada ministra en septiembre pasado.



Chiba justificó su decisión. "Lo hice porque creo que era mi responsabilidad", y explicó que había firmado las sentencias tras haber estudiado a fondo los dos expedientes. "He tomado el tiempo suficiente para examinar los casos con cuidado, para garantizar que no había ningún problema, y como consecuencia, se llevaron a cabo ahora", manifestó la ministra a la prensa.

Tras precisar que el proceso de revisión había comenzado antes de que se celebraran las pasadas elecciones al Senado, Chiba explicó que asistió a la ejecución porque era su deber como ministra "revisar el proceso", al ser ella la persona que lo ordena. Con esta decisión, Chiba se ha convertido en la primera titular de Justicia que presencia la aplicación de la pena máxima.

Acto seguido, la ministra anunció la creación de un grupo de trabajo que discuta la aplicación de la pena de muerte. "Asistir a esta ejecución me ha hecho sentir una vez más la necesidad de que haya un debate serio sobre la aplicación de la pena capital".

Chiba explicó que este grupo de trabajo, compuesto por altos funcionarios de su ministerio y expertos externos, examinará la aplicación de la pena de muerte desde todas las perspectivas, incluyendo el mantenimiento o la abolición de la pena capital.

Reconoció que no se trata de una tarea fácil. "No creo que el grupo de trabajo llegue a una conclusión rápida, pero algo ciertamente surgirá de estas discusiones. Voy a escuchar las opiniones de todo el mundo e intentaré impulsar el debate", añadió Chiba.

Los observadores políticos japoneses, sin embargo, se muestran escépticos sobre el éxito de esta iniciativa. Consideran que esta abanderada de la abolición ha perdido influencia en el Gobierno de Naoto Kan. Fue derrotada en su distrito en las recientes elecciones y, aunque Kan la ha confirmado en su puesto, podría ser una de las víctimas del reajuste ministerial que se prevé para septiembre, después de que el PDJ elija a su nuevo presidente, que automáticamente se convertirá en primer ministro del país.

Keiko Chiba anunció asimismo la apertura de la cámara de ejecución a los medios de comunicación, cuando no hubiera ajusticiamientos, para que la opinión pública pudiera hacerse una idea del funcionamiento del sistema y entendiera mejor el debate.

Las ejecuciones en Japón son duramente criticadas por las organizaciones de derechos humanos, que denuncian además las condiciones en que se encuentran los condenados. Estos desconocen la fecha y la hora de la ejecución hasta el momento en que los llevan al cadalso. Los familiares, por su parte, son informados una vez se ha llevado a cabo la ejecución, por lo que no pueden despedirse del reo. Esta situación es denunciada reiteradamente por todas las organizaciones cívicas. En la actualidad, 107 condenados aguardan su suerte en el corredor de la muerte sin saber si hoy será su último día.

29-VII-10, I. Ambrós, lavanguardia