La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que también preside el PP en dicha provincia. La petición fue formulada en el escrito de calificación del fiscal, tras una compleja investigación sobre la red de intereses y favores supuestamente tejida por Fabra, a quien acusa de tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la hacienda pública.
El escrito estima que también se deben imponer a Fabra 15 años de inhabilitación y una multa global de 2,33 millones de euros. Por cada uno de los cinco supuestos delitos fiscales - uno por cada año en el que se registró un presunto fraude-el fiscal pide dos años de prisión, uno por un delito continuado de tráfico de influencias y cuatro por cohecho. El presidente de la Diputación de Castellón debería pagar a Hacienda, según la Fiscalía, un total de 886.475,89 euros, lo defraudado entre 1999 y 2003. Su esposa, María Amparo Fernández, acusada también de delitos fiscales, debería pagar 586.372,08 euros. El fiscal pide para la esposa de Fabra ocho años de prisión y 1,18 millones de euros de multa.
La Fiscalía Anticorrupción se centra en las relaciones de Fabra con el empresario Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives. Fue el propio Vilar quien denunció el 2003 al presidente de la Diputación de Castellón, acusándole de haberle cobrado por realizar gestiones para facilitarle los permisos correspondientes con objeto de fabricar fitosanitarios.
La calificación del fiscal acusa a Vilar y su esposa, administradores de la sociedad Naranjax SL, de haber entrado en contacto con Fabra en 1999 para pedirle que "valiéndose" de su cargo les facilitara el camino para conseguir sus fines empresariales. La Fiscalía se refiere a las gestiones efectuadas y a reuniones mantenidas con altos cargos de la administración central, entonces gestionada por el PP, en las que se abordaron las peticiones de Fabra. En octubre del mismo año, Fabra le pidió a Vilar un pago de 25 millones de pesetas, después de que el empresario lograra el permiso para sus productos.
En la cúpula del PP valenciano se instaló ayer el nerviosismo. No hubo declaraciones sobre la calificación fiscal contra Fabra -convaleciente de un trasplante de hígado-, pero varias fuentes reconocieron la gravedad de un proceso que puede llevarle ante un juicio con jurado. Se teme también que en los próximos días el juez del TSJ valenciano José Flors tome alguna decisión sobre el caso de los trajes supuestamente regalados al presidente Camps. Fabra ha sido el principal apoyo de Camps en el PP valenciano.
J.M. Brunet/S. Enguix, lavanguardia |
