En 1936, el general Miguel Cabanellas -jefe de la V División Orgánica de Aragón- se sumó al levantamiento militar pese a ser republicano. Pocos días después, abrumado por la brutalidad de la represión, dijo estas palabras: "En este país, alguien tiene que dejar de fusilar alguna vez". Setenta años después, este país ha dejado de fusilar hace ya bastante tiempo. Ya no mata. Ahora hace falta que alguien comience a cumplir la ley alguna vez. En realidad, el peor legado de una dictadura como la franquista, más aún que la privación de las libertades, es la convicción que se introduce insidiosa en la conciencia de los ciudadanos acerca de que las leyes no deben ser cumplidas, pues sólo están para crear una apariencia de legalidad formal vacía de fuerza vinculante. Tan es así, que el profesor Aranguren llegó a decir que lo peor de las leyes fundamentales franquistas no era tanto su contenido, como el hecho de que se promulgaban sin voluntad de cumplirlas. A inicios de la transición pudo pensarse que una de las tareas más honrosas que correspondía a las nuevas fuerzas políticas de derecha y de izquierda - para las que la acción política tendría que haber sido también una forma de docencia-era introducir en la sociedad española la convicción de que las leyes están para ser cumplidas, tanto por el Estado que las da -sus autoridades, agentes y funcionarios-, como por los ciudadanos que las reciben. Máxime, tras décadas de eclipse legal provocado por la dictadura franquista. Pero pronto pudo advertirse el error. "Montesquieu ha muerto", se dijo con voluntarismo justiciero, y, a partir de ahí, parejas han sido las actitudes de todos los partidos mientras han usufructuado el poder: han instrumentalizado la ley y han utilizado las instituciones jurídicas como herramientas al servicio del designio político que han considerado prioritario en cada momento, cuando no en función de sus intereses electorales inmediatos.
Pero lo más grave de la actual situación española, por lo que al cumplimiento de la ley se refiere, es la clara regresión experimentada en los últimos tiempos. Así, esta semana, algunas comunidades autónomas gobernadas por el PPyUPNhan protagonizado un conato de rebelión contra la ley del aborto, amenazando con torpedear su aplicación. En esta línea, el presidente de la comunidad de Murcia, Ramón-Luis Valcárcel, ha encabezado la insumisión, sosteniendo, con sorprendente desparpajo, que "todavía no hay razones para acatar la ley" porque a la norma le falta aún su "punto final", como si de un guiso se tratase. Y, al hablar así, ha conculcado el principio básico en el que descansa la existencia misma del Estado, porque este no es más, a fin de cuentas, que un espacio donde se cumple la ley, es decir, un sistema jurídico que define un plan vinculante de convivencia en la justicia, que a todos hace libres y a todos iguala, razón por la que su quiebra afecta y perjudica sobre todo a los más débiles.
Del cumplimiento de la ley depende por tanto la subsistencia misma del Estado y la paz civil, pues es el ordenamiento jurídico el que dota de transparencia a las decisiones de las instituciones y poderes públicos, y el que permite una razonable previsión de futuro a los ciudadanos y a las empresas. Sin transparencia y previsibilidad, no hay seguridad jurídica; sin seguridad jurídica, no hay mercado; y sin mercado, no hay progreso económico. Por lo que, a medio y largo plazo, el incumplimiento de la ley cuesta además muy caro.
8-VII-10, lavanguardia