En esto hay que hacer como la Iglesia, que dura ya dos mil años. Parroquia que no se autofinancia, parroquia que se cierra. ¡Y que venga un cura de otra parroquia a dar misa los domingos!". La frase es de un alto cargo de la Administración catalana y explica el estado de ánimo en que se encuentra la política en unos momentos en los que incluso el ministro José Blanco, el ministro más gastón, ha dicho que se está planteando renunciar a obras que ya habían sido licitadas.
El mundo de la política, ya sea estatal, autonómica o local, vive en una suerte de trauma por cómo deberá explicarse a partir de ahora ante los ciudadanos. Deberá tomar decisiones tan poco populares como cerrar servicios que están abiertos pero que no pueden autofinanciarse. Es una historia triste y moral (y nada capitalista, por cierto), pero este país se había acostumbrado a gastar en proyectos sobre los cuales no había estudios previos sobre su rentabilidad y mantenimiento futuro. Para concretar: el dinero de los fondos europeos sirvió para financiar inversiones de improbable rentabilidad, pero en su coste no se incluyeron jamás esos costes.
Lo cierto es que empezaban a llegar algunos avisos. Iba alguien a California y volvía sorprendido de la antiestética maraña de cables eléctricos que surcaba los cielos de sus ciudades. Iba otro colega a Nueva York y comprobaba lo deteriorados que estaban los servicios públicos. Pero no importaba. Aquello era la prueba de la superioridad del modelo europeo: ¡cómo explicar, si no, que una de sus economías más jóvenes, la española, les diera lecciones! Porque este ha sido el país en el que cada capital de comarca se ha creído con derecho a reclamar un hospital, una universidad y, a ser posible, ¡un parque tecnológico con el que observar de cerca el cambio de modelo económico! Más todavía: en la última década no ha habido capital de provincia que no haya aspirado a tener su aeropuerto y su estación de AVE.
Es comprensible entonces el sudor frío que recorre la frente de los gestores. Empezaron sembrando el país de polideportivos y ahora los electores les piden ya piscinas cubiertas y gimnasios. Los economistas califican de "demanda insatisfecha" la que se da cuando el público no ha logrado acceder a determinado producto o servicio. Cuando Felipe González enfiló la recta de la modernización en los ochenta, este país parecía virgen para este tipo de planteamientos. Hoy no. El problema es que hoy esas demandas son vistas como reivindicaciones a las que nadie deba renunciar. Cuando el presidente de la Comunidad de Cantabria afirma en público que "si no hay AVE, no hay anchoas" (esto es, que si la línea del AVE no llega a Santander, no hay votos para el Gobierno), el problema no es sólo el cambalache político. El problema es una población que se ha creído que la llegada del AVE es un derecho esencial innegociable.
3-VII-10, Ramon Aymerich, lavanguardia