Son el director del centro, Manuel O., muy conocido en la ciudad como fray Manolo, al que el juez acusa de los delitos de abusos sexuales y de maltrato, y el fraile F. G., también imputado por abusos sexuales. El juez ha dictado para ellos una orden de alejamiento, así como la prohibición de establecer contacto con los internos o con trabajadores del centro. Los dos frailes imputados fueron citados por el juez a declarar ayer, tras lo que abandonaron las dependencias judiciales en libertad provisional. A continuación acudieron al centro de discapacitados a recoger sus pertenencias. En un comunicado, el obispado de Córdoba dijo ayer que "ha actuado en el ámbito de su competencia buscando siempre el bien de las víctimas y tomando las medidas pertinentes para esclarecer la responsabilidad a que hubiere lugar". Además, la autoridad eclesiástica cordobesa se ha puesto a disposición de la justicia para colaborar en el esclarecimiento de todo lo ocurrido y actuar en consecuencia.
La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando llegó a manos de la policía un escrito anónimo en el que se narraban las prácticas sexuales a los que eran sometidos algunos discapacitados, uno de ellos con un alto índice de discapacidad. La investigación tuvo como primera consecuencia la detención de un trabajador del centro, laico, que está imputado por un delito de abusos sexuales. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel.
A raíz de la declaración, la policía habría detectado que el trabajador no era el único que cometía los abusos contra los discapacitados. Fruto de las nuevas investigaciones son las dos nuevas imputaciones contra el máximo responsable del centro y un colaborador suyo. Antes que a los dos imputados, el juez de instrucción ha tomado declaración a los trabajadores del centro y a varios internos.
La investigación judicial sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
