El concepto "calidad democrática" se ha convertido en una suerte de fetiche que se coloca en algunas frases y que no se sabe muy bien qué significa, qué quiere mostrar o qué trata de ocultar. "Calidad democrática", a veces, parece una de esas etiquetas rimbombantes que algunos asesores de medio pelo recomiendan al dirigente de turno que adhiera a sus discursos, porque queda bien. En este plan tenemos otras palabras como "transparencia", "sinergia" o la omnipresente "sostenibilidad", que sirve tanto si hablamos de piscifactorías como de alumnos de origen extranjero, pasando por el consumo de alcohol o el endeudamiento de los ayuntamientos. Servidor no sería capaz de definir "calidad democrática" en esta columna, pero, en cambio, hay un ejemplo cercano que sirve perfectamente para explicar el concepto contrario: se trata de lo ocurrido con el diario vasco Egunkaria,cerrado en el 2003 por el juez Juan del Olmo, por supuesta vinculación de la publicación y de sus directivos a ETA.
Ahora, al cabo de siete largos años de aquella decisión judicial, la Audiencia Nacional ha absuelto de cualquier cargo a los cinco máximos responsables de Egunkaria,entre los cuales a su director, Martxelo Otamendi. La sentencia establece algo que muchos ya sabíamos: que en este periódico escrito en euskera "no se amenazaba ni se coaccionaba, ni se provocaba al delito, ni se hacía apología o enaltecimiento de los actos terroristas o de sus autores, ni se calumniaba ni se injuriaba". El caso Egunkaria pone en evidencia el nivel de la calidad democrática de España, con momentos estelares en que las instituciones están más cerca de Caracas que de Estocolmo, lo cual es aplicable al fascinante culebrón del Tribunal Constitucional.
Algunos -dándole la vuelta al asunto- sostienen que el fallo, que descalifica abiertamente al juez del Olmo, es una magnífica prueba de la alta calidad democrática en nuestros pagos. Al final -destacan- se hace justicia. La tesis no se sostiene, puesto que la sentencia subraya lo terriblemente grave del episodio y el daño irreparable causado al medio, a sus trabajadores y a sus lectores. Ese juez cruzó las últimas líneas rojas de cualquier Estado de derecho homologado, puesto que "un periódico diario no admite ser considerado como una empresa cualquiera", recuerda la Audiencia.
Cerrar o censurar un medio de comunicación en una democracia es siempre un escándalo, nos agrade o no su línea editorial. Y es, sin duda, un descrédito para el conjunto del sistema. Por eso, lo ocurrido con Egunkaria, amigo lector, también va con usted, que ahora está leyendo tranquilamente La Vanguardia.La cosa va con todos, si es que somos ciudadanos y no súbditos. La democracia consiste, tal vez más que en votar cada cuatro años, en que a usted nadie le prive de leer el diario que le dé la gana.
16-IV-10, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia