La justicia española ha alcanzado un grado de deterioro y desprestigio que para regenerarse tendrá que pasar por una catarsis que hoy por hoy resulta tan difícil de imaginar como imprescindible. Los rudimentos de la justicia y los escándalos de corrupción dibujan un funcionamiento arbitrario del Estado que es incompatible con cualquier sistema democrático. Lo señalan incluso los observadores internacionales. El diario británico The Guardian apuntaba esta semana como un "grave defecto de la España contemporánea la existencia de una justicia muy politizada y profesionalmente incompetente".
Y el proceso al juez Garzón ha puesto de relieve la batalla campal que libran jueces y fiscales a lo largo y ancho del país, rebelándose unos contra otros y despertando un guerracivilismo que inevitablemente va a tener consecuencias nefastas poniendo en riesgo incluso la convivencia democrática. El manifiesto de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no sólo sale en defensa del juez Garzón por la acusación de prevaricación. También afirma que "se rompe con valores constitucionales". Está claro que los valores constitucionales han dejado progresivamente de inspirar el modus operandi de las instituciones del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, que el próximo día 22 tendrá que decidir si suspende a Garzón, se ha convertido en una centro de "tejemanejes, pasteleo y cambio de cromos", en opinión de uno de sus vocales. José Manuel Gómez Benítez optó por renunciar a su puesto en la Comisión de Calificación, la que decide el destino de los jueces, porque, según dijo, "algo tiene que cambiar para que los puestos de la cúpula de la carrera judicial sean copados por los más aptos y los que más méritos tengan".
La cuestión es que el único acuerdo tácito al que han sido capaces de llegar los dos partidos de ámbito español, el PSOE y el PP, ha sido apropiarse conjuntamente de las instituciones del Estado, repartirse los cargos uno por uno y, lo que ha sido más grave aún, teledirigir su actividad. Desde este punto de vista, la más grave amenaza que se cierne sobre el pacto constitucional y los valores que lo inspiraron es la sentencia sobre los recursos contra el Estatut de Catalunya.
El Tribunal Constitucional iniciará el miércoles un pleno en el que, si el quórum lo permite, la presidenta María Emilia Casas intentará someter a votación una sentencia que hasta ahora por cinco veces ha resultado imposible.
El Consejo General del Poder Judicial está en crisis, pero el Tribunal Constitucional está mucho peor: caducado, desprestigiado y, según dirigentes políticos de primera fila, tan deslegitimado que antes de una sentencia temeraria todavía podrían producirse nuevas recusaciones de magistrados.
El máximo intérprete de la Constitución está formado por doce magistrados, todos a propuesta de PSOE y PP. Sólo uno es catalán. Existe una vacante por fallecimiento que no se ha cubierto por el bloqueo que ejercen los dos partidos de ámbito español, de la misma manera que cuatro magistrados tienen el mandato caducado y no ha habido el sentido de Estado suficiente como para renovarlos. Además, otro de los magistrados fue recusado por el PP. Con estos mimbres, los magistrados que quedan se enfrentarán esta semana a dictar una sentencia que hasta ahora no ha sido posible porque no había acuerdo respecto a cuántas amputaciones había que aplicar al texto aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya. De todas formas, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas por el abogado del Estado a favor del Estatut, no cabe duda de que, si hay sentencia, se va a situar entre la "castración química y la amputación física". Todos los partidos catalanistas apuestan en público por una respuesta unitaria en la que no confían, pero más allá de la politiquería, el problema constitucional emergerá inexorablemente.
Los diarios catalanes ya dieron la voz de alerta publicando un editorial conjunto -"La dignidad de Catalunya"-que, entre otras cosas, señalaba: "Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda.Lo pactado obliga"... Dicho de otro modo, treinta años después, la democracia española se enfrenta al gran desafío de seguir adelante o retroceder.
11-IV-10, Jordi Barbeta, lavanguardia