Karzai acusó el jueves de los “fraudes masivos” en las presidenciales del 2009 a “los extranjeros”, en concreto al ex número dos de la misión de la ONU, Peter Galbraith, y al jefe de los observadores europeos, Philippe Morillon, quienes denunciaron las irregularidades. Karzai dijo a la Comisión Electoral que los votos “estaban bajo el control de una embajada”, sin precisar cuál. Robert Gibbs, portavoz de Obama, reaccionó indignado a las declaraciones de Karzai. “Son inquietantes –afirmó–. Y son una preocupación genuina y real. Esperamos una aclaración de Karzai. Los avances en seguridad sólo se mantendrán con un gobierno competente”.
El “nuevo amanecer” que la comunidad
internacional prometió
al pueblo afgano en la conferencia
de Bonn, celebrada en diciembre
del 2001 tras la caída del régimen
talibán, está muy lejos de haberse
materializado.
De poco han servido los
35.000 millones de dólares que
–calcula la ONU– la comunidad
internacional ha invertido en el
país desde entonces: más de dos
tercios de la población sufre pobreza
extrema, sólo un 23% tiene
acceso a agua potable y apenas
un 24% sabe leer. Afganistán sigue
en la cola de los indicadores
de desarrollo humano y el nivel
de corrupción, según Transparencia
Internacional, ha aumentado:
ya es el segundo del mundo.
La corrupción, los abusos de
poder y la exclusión social están
detrás de esta situación de extrema
pobreza y violaciones de los
derechos humanos que, según
denuncia un demoledor informe
publicado esta semana, la ayuda
internacional ha sido incapaz de
aliviar al guiarse más por sus propios
intereses militares y políticos
que por las necesidades de
Afganistán. Es un país en guerra,
pero la pobreza, resumió Norah
Niland, representante local de la
ONU para los derechos humanos,
“mata a más afganos que el
propio conflicto armado”.
El informe constata que la población
local ha perdido la ilusión
y la confianza en las mejoras
que la mayor atención internacional
podía aportar a su país y que
sus propios dirigentes tampoco
ofrecen. Las mujeres, las minorías
étnicas y los discapacitados
sufren las mayores discriminaciones
de un sistema infectado por
la corrupción “que limita el acceso
a los servicios básicos a una
amplia parte de la población”. El
documento critica el favoritismo
y las corruptelas de los políticos
afganos, pero también censura la
actitud de la comunidad internacional,
que gestiona al menos
tres cuartas partes del montante
total de la ayuda.
Entre un 15% y un 30% de la
ayuda gastada por los donantes
en el país se dedica a garantizar
su propia seguridad. A veces, la
empresa contratada ni siquiera
ofrece los servicios prometidos,
como a raíz de la información publicada
por Libération ha reconocido
la Comisión Europa respecto
al contrato de 27 millones de
euros para la protección de su oficina
en Kabul. El caso ha llevado
al eurodiputado Pino Arlacchi a
pedir una investigación interna
sobre ese encargo para una labor
de protección “que podía haber
hecho cualquier policía europea
con mejores resultados y por un
tercio de ese precio”.
“La cuestión de dónde acaba
realmente el dinero sigue siendo
motivo de preocupación”, denuncia
el informe, que estima que el
40% de la ayuda internacional
“vuelve al país donante en forma
de tarifas de consultoría, sobreprecios
y beneficios empresariales”.
Aunque reconoce la legitimidad
de las quejas por el impacto
de la corrupción y la inseguridad
en la realización de proyectos, el
problema de fondo en el uso de la
ayuda es que “se define por objetivos
militares más que por las
prioridades afganas de reconstrucción
y desarrollo”.
El informe de las Naciones Unidas
concluye que la pobreza en
Afganistán no es “ni accidental ni
inevitable”.
Tres soldados alemanes
murieron y cinco resultaron
heridos graves, ayer,
en choques con talibanes
cerca de Kunduz. Los
combates se iniciaron
cuando una patrulla que
buscaba minas cayó en
una emboscada en la que
participaban unos 200
talibanes. Desde el 2002,
en Afganistán han muerto
39 soldados alemanes.
El informe de las Naciones
Unidas deja al descubierto la
difícil cooperación entre este
organismo internacional y la
Alianza Atlántica, que tiene
el mando de la misión militar
en Afganistán. Durante el
primer mandato del presidente
George W. Bush, Estados
Unidos relegó a un papel
totalmente residual a la
ONU. Y sólo en el 2008, cuando
se empezó a hablar de la
necesidad de “afganizar Afganistán”,
se reclamó un mayor
papel de coordinación de
la ayuda civil y apoyo a las
agencias internacionales para
este organismo multilateral.
El informe publicado por
su oficina en Kabul no escatima
críticas al “polémico modelo”
de los equipos provinciales
de reconstrucción (conocidos
como PRT, por sus
siglas en inglés) que la
OTAN dirige en varios puntos
del país y que canalizan
buena parte de la ayuda. Aunque
su mandato es asistir al
Estado afgano a extender su
autoridad y operaciones más
allá de Kabul, “en algunos
casos no sólo asume sino que
eclipsa las responsabilidades
del gobierno local”. Según
testimonios recogidos por la
ONU, esta situación ha frenado
el desarrollo de las instituciones
públicas y ha ralentizado
los esfuerzos a medio
plazo para que los afganos se
hagan más responsables del
proceso de reconstrucción.
Además, los PRT actúan en
las zonas más inseguras del
país, cuestionando “el concepto
de desarrollo igualitario,
que implica que la asistencia
debe centrarse en los
más pobres y vulnerables y
no servirse de ella para sacar
el máximo provecho a victorias
en el campo de batalla”.
Como ejemplo, se cita el caso
de la violenta provincia
sureña de Helmand: si fuera
un país, sería el quinto mayor
receptor de ayuda de la
agencia US AID. Aun así, la
financiación de programas
agrícolas sigue siendo baja y
ajena a los planes afganos.
3-IV-10, B. Navarro, lavanguardia
