Conocí a Jaume Matas de ministro. Era un hombre cabal, ni genio ni ramplón, que se hacía querer. No hacía ostentaciones y, desde un fondo de timidez, tampoco suscitaba pasiones. Siempre acompañado por su mujer, siempre sonriente, se esforzaba en demostrar simpatía y llaneza: un buen paisano. Habiéndolo visto así, cuesta reconocerlo en el auto de la demolición del juez Castro; ese escrito donde su autor maneja adjetivos como un literato, administra interpretaciones como un novelista y prodiga la acidez en el análisis como un Oscar Wilde del siglo XXI, justiciero y balear. El Matas que sale en esa foto judicial es opuesto al que conocí: maquinador, tramposo, falsario, sin escrúpulos ni otra lealtad que a sus alforjas.
Con ser escandalosos de principio a fin todos los hechos imputados, el caso Matas deja al descubierto cuestiones básicas que los políticos profesionales deben someter a debate, si de verdad quieren cerrar vías a la corrupción. A este cronista no le sorprende que haya gentes que quieren el poder para enriquecerse: las hubo, las hay y las habrá, y a veces lo consiguen. Lo que le asombra es lo siguiente:
- La facilidad que encuentra el que se lo propone. Puede hacer alquimia, convertir dinero blanco en dinero negro, y hacer que fluya de su despacho con pasmosa naturalidad.
- La frivolidad con que se aceptan y se aprueban presupuestos de obras, que inmediatamente se quedan cortos y se llegan a multiplicar por tres. Se practica tanto, que es ya toda una tradición de la obra pública. Ahora sabemos que, además, una parte del dinero de todas las fases se va quedando en manos obscenas.
- La desidia de los órganos de control interno de las Administraciones, ante cuyos ojos se pueden inventar reuniones oficiales, falsificar documentos y firmas, desviar dinero o directamente saquear, sin que nadie llame la atención al delincuente.
- La imposición del secreto a los subordinados, como si estuvieran en un régimen dictatorial o sus puestos de trabajo fueran una graciosa concesión de la autoridad, sin cuya protección no existe el funcionario.
- La falta de auditorías en organismos desde donde se recaudan, administran y pagan miles de millones de euros, en una permanente tentación a la apropiación y en una falta de transparencia y rigor que, en cambio, se exige a la empresa privada.
- Y la tolerancia de los partidos, en este caso del Partido Popular, que no se intriga por el tren de vida de un dirigente, ni pregunta cómo se financian determinadas actividades, y después tropieza con las cuentas de Valencia y las islas Baleares. Y, naturalmente, el presidente Mariano Rajoy no encuentra palabras ni para salir del paso.
Todo eso es el caso Matas. En lo personal, deleznable. En lo penal, condenable. En lo moral, aborrecible. Pero todo un gran libro de instrucciones de cómo meter la mano en la caja con una sola condición: que haya una persona con voluntad de robar.
1-IV-10, Fernando Ónega, lavanguardia