´Cuatro años después´, Isabel Garcia Pagan

Tal día como hoy, hace cuatro años, el Congreso de los Diputados daba luz verde al Estatut de Catalunya. Fue un debate más histórico que solemne para poner fin al más largo y rocambolesco episodio de trapicheo político. El resultado final: demasiado para unos, insuficiente para otros, y, como se puede comprobar al fin y al cabo, inofensivo para todos. Podía ser considerada la ley de autogobierno más ambiciosa en tres siglos, pero, a diferencia de lo que algunos auguraban, no se rompió España. Es más, para inquietud de la mayoría, Catalunya, aquella locomotora económica del Estado, sigue a pies juntillas la partitura del resto de comunidades en tiempos de crisis económica: déficit en las cuentas públicas, caída del producto interior bruto e índices de desempleo como el que más.

No obstante, el nuevo Estatut constituía para todos el inicio de un cambio histórico. En Catalunya porque acabaría reventando el primer experimento tripartito y desde entonces, a cuenta del recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional, mantiene la arquitectura legislativa e institucional sobre tierras movedizas. En España, porque rompió la tradición que implicaba un pacto entre los dos partidos mayoritarios españoles en cuestiones de esas llamadas de Estado.

Pero, sobre todo, porque el Estatut ha acabado por situar en una encrucijada sin precedentes al más alto representante del poder judicial. Entra dentro de las estadísticas del Tribunal Constitucional tener recursos pendientes de sentencia cuatro años después. Lo que ya no es tan normal es que la deliberación se lleve a cabo en estos términos: cuatro de los doce magistrados llevan más de dos años con su mandato vencido, otros cuatro están ya en tiempo de descuento, un magistrado fallecido no ha sido sustituido y otro más se encuentra apartado de las deliberaciones.

Pendientes desde hace cuatro años de una decisión -los más atrevidos se aventuran ahora a situarla tras la Semana Santa- en Catalunya los políticos se apresuran a tener listo su particular plan B con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Aunque las alternativas son pocas: llamar a las barricadas o hacer malabarismos para encajar el fallo del Tribunal como un aval; aunque declare inconstitucionales algunos artículos, que lo hará; aunque interprete a la baja otros, que también lo hará, si así se preserva la dignidad de los magistrados.

El problema, cuatro años después, ya no es sólo la sentencia. El problema es el calendario, y podría estar a punto de explotar en manos de José Montilla. El president es, como no se cansa de repetir, quien tiene la potestad de convocar elecciones. Pero el escenario lo pintan otros desde Madrid. Y esos, que se sepa, no están pendientes del futuro del líder del PSC, sino del suyo propio.

30-III-10, Isabel Garcia Pagan, lavanguardia