contra la Llei que posa el tancament de webs en mans
d´una Comisión de Propiedad Intelectual
del Ministerio (?) de Cultura (!):
signa el teu recolzament al Manifest
clicant aquí o la imatge
El bloqueo de páginas no será un procedimiento judicial,
sino un proceso administrativo que,
en último término, sancionará un juez.
El Gobierno ha abierto un nuevo frente político; en este caso una batalla contra los colectivos que defienden una internet libre, al aprobar ayer en Consejo de Ministros la ley de Economía Sostenible (LES) con la disposición adicional que habilita a una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura a evaluar y decidir el cierre de páginas web que presuntamente violen los derechos de autor. Aunque el texto aprobado, dice el Gobierno, no estará disponible hasta la próxima semana, en principio no presentará cambios relevantes respecto a lo decidido en enero pasado, cuando se incluyó una supervisión judicial del proceso con la que se quiso dar satisfacción a quienes reclamaban que, para cerrar una web por un delito contra un derecho industrial (libertad de expresión frente a propiedad intelectual), se necesitaba una tutela judicial efectiva.
contra la Llei que posa el tancament de webs en mans
d´una Comisión de Propiedad Intelectual
del Ministerio (?) de Cultura (!):
signa el teu recolzament al Manifest
clicant aquí o la imatge
Como quiera que la supuesta garantía judicial se limita en la ley a una revisión final del procedimiento de cierre llevado a cabo por un órgano administrativo -la Comisión de la Propiedad Intelectual que nombre el Ministerio de Cultura-, todos los colectivos por los derechos y libertades civiles en internet pusieron el grito en el cielo.
Ayer, de nuevo. lanzaron el Manifiesto por los derechos fundamentales en internet, que subraya que el derecho a la información y la libertad de expresión -que limita las posibilidades de bloquear o secuestrar medios de comunicación sin las garantías procesales- no pueden menoscabarse en pro de un derecho de explotación industrial.
No sólo ellos, las organizaciones de consumidores y usuarios también montaron en cólera, y acusaron al Gobierno de intentar crear un nuevo ilícito al perseguir las descargas -que, en aplicación de la legislación actual, están protegidas por el concepto de intercambio de copias privadas entre particulares-, que un juez de Barcelona declaraba esta semana parte misma de la sustancia de internet. De hecho, la campaña que ya ha lanzado Facua-Consumidores en Acción, emplea el lema "Si es legal, es legal", que a su vez es una revisión satírica del que lanzó César Antonio Molina, en tanto ministro, que decía "si eres legal, eres legal" (Quería decir: "La gente decente no descarga películas y música").
En medio de una marea de oposición a la decisión del Gobierno que, a última hora de ayer, crecía a ojos vista en la red, las explicaciones del Ejecutivo sobre cómo será este proceso de bloqueo de páginas web no sólo no consiguieron tranquilizar a los colectivos por la internet libre, sino que tuvieron el efecto inverso, gasolina para el incendio. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, admitió sin ambages que el procedimiento de cierre será "el más ágil que existe en nuestro derecho, que es el que protege derechos fundamentales": En cuatro días, un juez de la Audiencia Nacional decidirá si avala el fallo de la comisión de la Propiedad Intelectual. En plata, se homologa la protección del derecho de explotación de contenidos a la que la Constitución reserva para los derechos fundamentales.
El rocambolesco camino elegido para perseguir las descargas en internet -sin modificar el Código Penal, la ley de Propiedad Intelectual, ni la de Servicios de la Sociedad de la Información- sí obligará a modificar la ley orgánica del Poder Judicial, para permitir que un juez de la Audiencia Nacional refrende las acciones de la comisión de Cultura destinada a cerrar páginas web.
Las reacciones se expandían anoche de forma viral por la red, desde cierres, huelgas y campañas contra el Gobierno, hasta llamadas a la acción, que está previsto prolongar durante la tramitación parlamentaria.
20-III-10, P. Vallín, lavanguardia
