´Estado, ley y justicia´, lavanguardia

Un Estado democrático consiste, a primera vista, en una estructura de poder jerárquicamente organizada conforme a derecho, que va desde su cabeza -rey o presidente de la República- hasta su último agente. Pero esta estructura, con ser importante, no constituye la esencia del Estado, que es otra: un Estado es un sistema jurídico, esto es, un plan vinculante de convivencia en la justicia definido por la ley, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala. De ahí que un Estado sea un territorio en el que se aplica a todos los ciudadanos la misma ley. De lo que se desprende que las tres funciones del Estado, sin cuyo ejercicio efectivo no puede hablarse propiamente de Estado, sean: preservar el orden público determinado por la ley, administrar justicia y cobrar los impuestos precisos para mantener su estructura. Lo que significa que la administración de justicia -la justicia- es la espina dorsal de un Estado democrático de derecho, por garantizar el imperio de la ley, hasta el punto de que sin una justicia libre e independiente no puede hablarse de Estado democrático.

En principio, estas ideas -tan elementales como ciertas- no tendrían que recordarse hoy en España, un tercio de siglo después del restablecimiento de la democracia; pero parece que no es así. Los procedimientos actualmente abiertos contra Baltasar Garzón provocan tal aluvión de pronunciamientos previos a favor del juez, así como declaraciones -menores en número, pero durísimas en contenido- en contra de la instancia judicial encargada de pronunciarse -el Tribunal Supremo-, que el tema obliga a una reflexión. Esta ha de partir de la constatación de un hecho muy simple: que lo único actuado hasta la fecha ni imputa al juez Garzón ni le suspende en sus funciones, que sigue desarrollando con entera normalidad. Hasta ahora tan sólo se siguen tres procedimientos destinados a determinar si existen indicios racionales de que el juez Garzón ha infringido o no la ley: la misma y única ley aplicable a todos los ciudadanos y a la que, por consiguiente, el juez Garzón está también sujeto.

¿Cuál es entonces la causa que ha desatado tal algarabía? Una de dos: o bien los que protestan no creen que el juez Garzón deba quedar sujeto a la misma ley que el resto de los ciudadanos, atendidos sus notorios servicios al Estado, o bien -lo que parece más probable- tienen muy serias dudas sobre la libertad y la imparcialidad con la que el Supremo ha de pronunciarse en las tres causas abiertas al magistrado. En cualquiera de ambos casos, la conclusión es desoladora para la salud del Estado democrático de derecho en España, porque nada bueno augura que varios altos cargos, así como significados medios de comunicación y múltiples ciudadanos destacados por su trayectoria, cuestionen directa o indirectamente - al recordar sus méritos-la procedencia de las causas abiertas al juez Garzón, contribuyendo así a debilitar al Estado, bastante erosionado ya en la credibilidad de algunas de sus instituciones -Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y organismos reguladores- por la extendida convicción social acerca de su politización.

"Sobre la piedra de las leyes, no de la voluntad, se funda la verdadera política. Líneas son del Gobierno y caminos reales de la razón de Estado. Por ellas, como por rumbos ciertos, navega segura la nave de la República". Así lo escribió Diego de Saavedra Fajardo hace cuatro siglos. No está de más recordarlo.

15-III-10, lavanguardia