Las directrices publicadas hace unos meses, y que sobre el papel van a constituir la base de la nueva legislación, son en cambio más severas con las personas que faciliten la muerte a alguien que no sea su cónyuge, compañero, familiar o amigo próximo, a las que cobren por sus servicios o pertenezcan a una organización, sean profesionales de la medicina o sepan que el suicidio se va a cometer en un lugar público, o si la víctima está en condiciones de poner fin por sí misma a su vida.
"Es un tema con muchos claroscuros -señala Anna Murphy, médico especializada en cuidados paliativos-, porque en la medicina dos y dos no son siempre cuatro. A veces es difícil medir el grado de sufrimiento de los pacientes, no todos tienen la misma resistencia al dolor, es posible que cambien varias veces de idea respecto a si quieren morir o seguir viviendo, o que no expresen su deseo de una manera inequívoca". "La capacidad de decisión puede estar condicionada por problemas psíquicos, pueden ser objeto de chantaje emocional por la carga que constituyen a las familias... Que una ley cubra todos esos supuestos y los valore adecuadamente es dificilísimo", añade Murphy.
Una reciente encuesta señala que una mayoría abrumadora de británicos (95%) apoya el suicidio asistido cuando se trata de enfermos terminales, dos de cada tres (65%) cuando se trata de enfermos crónicos sometidos a un considerable sufrimiento, y más de la mitad (55%) en el caso de que la persona que quiere morir padezca un "dolor insoportable" aunque tenga posibilidades teóricas de recuperación. Únicamente un 13% se opone en redondo.
El cambio de la ley en vigor, que data de 1961, fue dispuesto por los tribunales a raíz de que la ciudadana Debbie Purdy, de 46 años y enferma de esclerosis múltiple, exigiera la aclaración de la normativa para saber si su marido podría ser detenido en caso de que la acompañara a Suiza para morir en la clínica Dignitas (donde 140 británicos han puesto ya fin a su vida, y otros 800 tienen presentada la solicitud). Fue decisivo el argumento de que en caso afirmativo tendría que adelantar su propia muerte para hacerlo mientras se valiera por sí misma y no tener que involucrar a nadie más.
En cualquier caso, el Gobierno británico quiere hacer una clara distinción entre el llamado "suicidio asistido" (cuando alguien decide libremente morir y solicita ayuda técnica para hacerlo sin necesidad de tirarse por un puente o meterse una pistola en la boca), y matar a alguien por "compasión" sin que conste claramente el deseo de la víctima, lo cual según la ley es un homicidio o asesinato. Una madre inglesa que inyectó a su hijo una dosis letal de heroína para acabar con su vida en estado vegetativo fue condenada recientemente a cadena perpetua.
