la CN de la Competencia qüestiona l´oligopoli d´SGAE & cia

Las seis sociedades de gestión más importantes - SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España) y Aisge (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión)-comparecen mañana en el Congreso de los Diputados, con el durísimo informe de Competencia bien caliente. Pero el motivo de la comparecencia es otro: las sociedades se presentan ante la subcomisión de Propiedad Intelectual para defender la necesidad de las disposiciones de la ley de Economía Sostenible relativas a internet y propiedad intelectual. Al margen del viento de cara que supone el informe de la CNC, los responsables de las sociedades pueden topar con la negativa de toda la oposición a respaldarlos. No tanto por el fondo del asunto, sino porque, según diversas fuentes, todos los grupos salvo el PSOE pretenden pedir la retirada de esos artículos porque, en su momento, deberán debatirse en la reforma de la ley de Propiedad Intelectual. Esa de la que habla la CNC.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha irrumpido en mitad del acerado debate sobre el futuro de la propiedad intelectual con un informe que, no por denunciar hechos conocidos, resulta menos demoledor para la posición de las sociedades de gestión de derechos.



El texto, de casi cien folios, subraya que estas entidades de gestión ejercitan derechos en representación de otros (los autores) "por cesión voluntaria o mandato legal", y que lo hacen desde una "posición monopolística" - la SGAE, en el caso de la música, o Cedro, con los libros, son ejemplos claros de posiciones monopolísticas en sus respectivos sectores-que crea distorsiones y "facilita el establecimiento de tarifas inequitativas o discriminatorias".

La CNCno denuncia que se esté produciendo ninguna ilegalidad y, por supuesto, no propone sanción alguna - a pesar de ser organismo capacitado para hacerlo-porque las anomalías detectadas vienen amparadas por la actual ley de Propiedad Intelectual que regula estas sociedades. Lo que hace la CNC es proponer una "revisión integral de la ley de Propiedad Intelectual" en la que se ampara actualmente el ejercicio oligopólico de estas entidades de gestión de derechos. Las reformas legales que propone tienen que ver con las llamadas "barreras de entrada" - es decir, los requisitos para ejercer los propios derechos o crear una entidad de gestión y no tener que adscribirse obligatoriamente a las existentes-.Por ejemplo, y esto supondría un cambio revolucionario, propone eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva, es decir, el actual imperativo de delegar en una entidad la gestión de los derechos individuales de propiedad intelectual.

Aunque se trate de meras recomendaciones, el informe es muy relevante sobre todo porque cuestiona la legitimidad universal de las sociedades de gestión en un momento en el que tratan de hacerse valer ante el Gobierno en general, y la ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, en particular, en su batalla contra el nuevo modelo de negocio cultural propiciado por internet y contra el uso de la red como medio para el intercambio de archivos entre particulares. Pero también porque mete prisa al legislador: amén de la citada revisión integral de la ley de Propiedad Intelectual, urge que, en tanto esa norma es revisada, se adopten medidas inmediatas para evitar situaciones de "abusos e ineficiencias", y esas reformas urgentes son tales como flexibilizar los rígidos contratos que unen a los asociados con las entidades, contratos que ahora mismo les impiden, por ejemplo, ceder voluntariamente sus derechos. Esta situación viene provocando aberraciones como que la SGAE cobre por un concierto cuyos participantes han cedido sus derechos a una determinada causa. No menos importante es la indicación de la CNC de que se obligue a las sociedades de gestión a ser transparentes en cuanto al repertorio que gestionan, desapareciendo la presunción de titularidad universal de la que ahora disfrutan. Una presunción, por otra parte, irónicamente lógica, dada su posición de práctico monopolio.

El informe también propone que la Comisión de la Propiedad del Ministerio de Cultura tenga unas funciones inversas a las que pretendía otorgarle el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, que convertía ese órgano en una policía administrativa de internet, con capacidad para decidir qué páginas incumplen derechos de autor y, previa firma judicial, ordenar su bloqueo. La CNC propone que esa comisión tenga funciones contrarias, es decir, vigilar el buen obrar de las sociedades de gestión: "Que esté dotada de competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras adecuadas" para resolver litigios, con especial atención "a los conflictos tarifarios entre entidades de gestión y usuarios". Por ejemplo, el que enfrenta hoy a la SGAE y los peluqueros de Catalunya, que no quieren pagar por poner música a sus clientes.

20-I-10, P. Vallín, lavanguardia

LEA EL INFORME COMPLETO ELABORADO POR COMPETENCIA en www. lavanguardia. es/ documentos