"Que nos devuelvan el dinero". Barack Obama recurrió ayer a la misma frase que Margaret Thatcher esgrimía en las cumbres presupuestarias europeas de los años ochenta. El mensaje del presidente de Estados Unidos se dirigía a los grandes bancos del país, que sobrevivieron a la crisis gracias a la ayuda estatal y ahora se aprestan a distribuir de nuevo entre sus directivos remuneraciones millonarias.

En un tono populista inusual en un líder al que a veces se reprocha su carácter frío y cerebral, Obama anunció un nuevo impuesto sobre los bancos, destinado a recuperar "hasta el último céntimo" de los 117.000 millones de dólares del plan de rescate aprobado en octubre del 2008 que el Estado todavía no ha recuperado. El rescate, una de las últimas iniciativas de la administración Bush, evitó un derrumbe del sistema financiero que podría haber precipitado una gran depresión, según sus promotores.

El nuevo impuesto, que gravará durante hasta 12 años medio centenar de entidades financieras con más de 50.000 millones de dólares de activos, envía un mensaje a los bancos: la Administración Obama, acusada desde la izquierda de proximidad excesiva con Wall Street, no les dará barra libre; pero también es una señal de que la Casa Blanca se toma en serio la promesa de reducir el déficit, ahora descontrolado. Y, sobre todo, envía un mensaje a los votantes estadounidenses en un año decisivo.

En noviembre se celebrarán elecciones legislativas, y la supermayoría de los demócratas de Obama peligra. Entre otros motivos, por el descontento popular con el paro, acentuado por el espectáculo de un sector bancario que regresa a la exuberancia de los años previos a la crisis. La diferencia con la década pasada es que la reputación de Wall Street se ha derrumbado.

De ahí que el presidente hablase ayer de "los beneficios enormes y los bonos obscenos", y advirtiese a los banqueros - que el día anterior comparecieron ante una comisión bicameral que investiga la crisis-que "si están en suficiente buena forma para pagar bonus, también lo están para pagar la comisión", el término que la Administración usa para referirse al nuevo impuesto.

Con esta retórica, el presidente intenta conectar con el enfado popular - a izquierda y derecha-contra la gran banca, en un momento en que, pese a la recuperación, millones de estadounidenses siguen en paro y temen por sus bolsillos.

Según un sondeo publicado esta semana, el 54% de los estadounidenses están descontentos con la gestión económica de Obama, que llegó a la Casa Blanca hace un año.

El miércoles, tras la comparecencia en el Congreso, Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan Chase, dijo que "usar la política fiscal para castigar a la gente es una mala idea", y amenazó: "Todos los negocios acostumbran a trasladar los costes a sus clientes". Pocos discuten que el impuesto sea punitivo. De hecho, casi todos los bancos han devuelto ya el dinero que el Estado prestó para rescatarles.

El argumento de la Administración es que todas las entidades financieras se han beneficiado del plan de rescate. La medida también sirve de aviso a Wall Street: tomar riesgos excesivos, como hizo Wall Street en la última década, no puede salir gratis.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que la Unión Europea debe hacer su propia reflexión sobre la introducción de alguna "medida similar" a la anunciada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de imponer una tasa especial a las entidades financieras que operan en el país con el objetivo de recuperar el dinero empleado en rescate del sector, y recalcó que este tema "forma parte del debate" de los Veintisiete.

En una rueda de prensa junto al presidente de Eslovaquia, el socialdemócrata Robert Fico, Zapatero saludó la iniciativa del presidente estadounidense, ya que supone "un avance importante para el sistema financiero y para que funcione de manera más justa y mejor". Por su parte, el presidente eslovaco, Robert Fico, recalcó que los bancos han respondido de forma feroz a esta imposición. Por ello, se mostró partidario de una "iniciativa común" de todos los países europeos, ya que se trata de una "buena idea", y confió en que se extienda por todos los países "tal y como se propagó la crisis económica". España ha sido el país europeo que ha implementado más tarde que el resto, una política de apoyo a la reestructuración del sector bancario, y más en concreto a las cajas de ahorros. Hasta ahora, sin embargo, esta política - vehiculada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria-no ha sido aprobada por la CE.

15-I-10, M. Bassets, lavanguardia