El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado este viernes, a instancias de la Fiscalía, la competencia de este tribunal para instruir la denuncia presentada por la activista saharaui Aminatu Haidar contra Marruecos y España, que ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife, tal y como informa la agencia EFE.
4-XII-09, agcs, cronicasdlanzarote
Haidar regresaba de Nueva York donde había recogido el "premio Coraje Civil 2009" de la Fundación Train, al pasar por el control policial en Marruecos, las autoridades le prohibieron el paso aduciendo que Haidar se negaba a poner en la ficha de control que su nacionalidad es marroquí. La líder activista siempre había entrado en su país con la reseña de Saharaui en su pasaporte sin que suscitara ningún problema por parte de las autoridades del país Alauita.
El pasado 14 de noviembre, contra su voluntad, Haidar fue embarcada en un avión con destino a Lanzarote. Tras la oposición del comandante al final se decidió que la líder activista volara con destino al aeropuerto de Guacimeta en la isla conejera. La llamada Ghandi Saharaui intentó el mismo día que aterrizó en la isla regresar al Aaiún, pero la autoridades marroquíes adviertieron que no permitirían el aterrizaje de la aeronave. Haidar decidió denunciar a la autoridades españolas por haberla dejado entrar en el país sin pasaporte y anunció una huelga de hambre que comenzó a las 00 horas del día 15 de noviembre.
Desde el Gobierno Español, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos propuso a la líder activista que para resolver su situación debía acepar la concesión de asilo político o un nuevo pasaporte con la nacionalidad Marroquí. Ambas opciones fueron rechazadas por Aminatu Haidar manifestando que si "había entrado sin inconveniente en estado español, también lo podría hacer en su tierra".
El consejo general de la abogacía sostiene que la prohibición de salida de Haidar era contraria a derecho ya que vulneraba el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Extranjería y conculcaba el convenio suscrito por España para la protección de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas del Consejo de Europa en virtud a la libertad de circulación.
A medida que Haidar se iba deteriorando fruto de su huelga de hambre, organizaciones, fundaciones, sindicatos, actores, cantantes, representantes políticos y de la sociedad civil se movilizaban junto a la lider activista, no sólo para apoyarla sino para denunciar la situación del pueblo Saharaui y el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas desde hace 34 años cuando el Sahara fuera ocupado por Marruecos.
El pasado 25 de noviembre, el juzgado de instrucción número 8 de Lanzarote remitió a la Audiencia Nacional la denuncia presentada por Aminatu Haidar contra el Gobierno de España. El juez encargado de estudiar la denuncia se inhibió al considerar que su resolución es competencia de la Audiencia Nacional.
Una representación de la fundación Robert F. Kennedy de justicia y Derechos Humanos viajaron desde Nueva York hasta el aeropuerto de Guacimeta para conocer el estado de salud de Haidar y ampararla. La Directora de Incidencia Política de la fundación, Marcela Gonzalves instarán a la Adminstración Obama y a la autoridades de las Naciones Unidas para que medien en el asunto, demandarán la situación ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos y tendrán reuniones con el Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos y el Canciller Francés Bernard Kushner.
El precario estado de salud, fruto de su huelga de hambre empeora por días, sin embargo su valor, su fuerza y su causa aumenta y prospera.
28-XI-09, J. Benítez, cope
Así lo ha acordado en un auto el magistrado después de que Haidar denunciara a Marruecos por su "expulsión ilegal" de El Aaiún el pasado 14 de noviembre, y a España por "secuestro" y "malos tratos" por parte de la Guardia Civil, la compañía aérea Canarias Aeronáutica y el comandante del vuelo que la llevó de vuelta a Lanzarote.
Velasco sostiene que, aunque pudieran existir indicios de delitos de lesa humanidad, no es el competente para investigarlos debido a que la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) limita la justicia universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.
Según el juez, "los presuntos responsables" denunciados por Haidar por su expulsión ilegal se encuentran en Marruecos, a lo que se suma que la víctima no es de nacionalidad española ni se constata ningún vínculo de conexión vinculante con España, por lo que la justicia española no tiene "posibilidad de entrar" a investigar.
El magistrado enumera que los delitos denunciados contra los funcionarios públicos marroquíes son los de detención ilegal y secuestro, prevaricación, obstaculizar el derecho de defensa, denegación de ayuda a una persona por razón de ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su nacionalidad, sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
Considera así que la Audiencia Nacional no es competente porque, según la reforma de la LOPJ, "los criminalmente responsables deben ser españoles o extranjeros que hubiesen adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho", algo que no concurre en este caso.
Así, Velasco ha decidido devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife, en Lanzarote, que se deberá hacer cargo asimismo a lo que se refiere a los hechos "también denunciados como ocurridos en España".
En este sentido, la Fiscalía señalaba en su informe que es el juez de Arrecife quien "deberá practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados en el aeropuerto y si la prohibición impuesta a la denunciante Aminatu Haidar de viajar a El Aaiún constituye algún ilícito penal".
La activista saharaui, en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre, efectuó su denuncia en la comisaría del aeropuerto de Lanzarote al no poder regresar el mismo día 14 en otro vuelo a El Aaiún y decidió "no moverse del aeropuerto, ya que considera que está secuestrada en España".
Y en cuanto a su desalojo por la Guardia Civil del aeropuerto, que se cierra al público a medianoche, la activista refirió que seis agentes procedieron a levantarla "por la fuerza, haciéndole daño en la espalda y en los brazos" y, "ante los gritos de protesta de sus acompañantes, dichos agentes la soltaron y cayó al suelo".
Reconoció, además, que tras informarles que padecía "una operación en la columna vertebral, "finalmente los agentes procedieron más pacíficamente a su desalojo".
Contra el auto notificado hoy, en el que Velasco rechaza la inhibición planteada por el juez de Arrecife la semana pasada, cabe recurso de reforma en un plazo máximo de tres días.
