(ara sí?, que) farem operativa la Sindicatura de Comptes?

El momento político no está, en Catalunya, para concesiones y el Govern, que con José Montilla al frente ha decidido tomar las riendas de la lucha contra la corrupción, no parece dispuesto siquiera a que se atisbe la más mínima duda en este terreno. La voluntad es que, a partir de ahora, nada relacionado con el gasto público quede fuera de control, y con este objetivo prepara una reforma de la Sindicatura de Comptes que introduce la posibilidad de multar a los que no se sometan a sus indicaciones y que amplía sustancialmente el abanico de instancias sujetas a fiscalización. Es una de la batería de medidas que esta semana ha anunciado el presidente de la Generalitat.


Joan Colom, Síndic Major

El borrador del anteproyecto de ley que maneja el Govern, al que ha tenido acceso La Vanguardia y sujeto todavía a modificaciones, establece el deber que tienen de colaborar con la Sindicatura de Comptes tanto los organismos públicos como las personas físicas o jurídicas perceptoras de subvenciones públicas y la posibilidad de imponer multas de 200 a 2.000 euros a los que no lo hagan. La propuesta de sanción la formularía la propia Sindicatura de Comptes y la ejecutaría, en cualquier caso, el Departament d´Economia de la Generalitat.

La potestad sancionadora quedaría, de momento, circunscrita a este campo, puesto que en el caso de apreciar actuaciones perseguibles administrativa o judicialmente no tendría capacidad de actuación y debería seguir, como hasta ahora, comunicándolo a las instancias competentes. Sí que podría, en cambio, proponer actuaciones por el incumplimiento de la normativa electoral y de financiación de partidos, aunque este extremo dependerá en buena medida de lo que acabe estableciendo la ley electoral de Catalunya cuando se apruebe.

La previsión del borrador del anteproyecto de ley es que la Sindicatura de Comptes, por un lado, fiscalice no sólo los procesos electorales, sino también la contabilidad y la actividad económica y financiera de los partidos políticos, federaciones y agrupaciones de electores que tomen parte en ellos. Y, por otro, amplía los ámbitos de su actuación a un sector público en el que incluye no sólo genéricamente la Administración de la Generalitat y la Administración local de Catalunya, sino específicamente los organismos, entidades, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y toda persona jurídica bajo cualquier modalidad admitida en derecho, participados o financiados mayoritariamente de forma directa o indirecta por la Generalitat o por las corporaciones locales.

Otras instancias sujetas a fiscalización serían también las universidades públicas, la administración corporativa catalana y cualquier persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, en la medida en que fuera necesario para poder emitir una opinión sobre el destino de caudales públicos recibidos. Fuentes conocedoras de los trabajos de reforma de la ley consideran que introducir en la fiscalización a la administración corporativa o al sector privado podría ser interpretado como que instancias como las fundaciones privadas –algunas en el ojo del huracán a raíz de las últimas polémicas– quedan bajo la jurisdicción de la Sindicatura de Comptes. Extremo que los mismos medios entienden que podría conllevar problemas y que habrá que ver, por tanto, cómo acaba de articularse.

El borrador del anteproyecto de ley pone énfasis, sobre todo, en la obligación de las administraciones de presentar cada año sus cuentas a la Sindicatura de Comptes, la Generalitat antes del 31 de julio del año siguiente al cierre del ejercicio, las corporaciones locales antes del 15 de octubre, y las entidades dependientes antes del 30 de abril. La idea es que no hacerlo tenga consecuencias y que se conozca públicamente si así es. La Sindicatura de Comptes, por su parte, deberá remitir los informes al Parlament como máximo dentro de los treinta días siguientes a su aprobación y podrá darles publicidad por los medios que estime oportunos. Y el Parlament, a su vez, deberá poder debatir los informes sobre los entes locales tan a fondo como ha podido hacerlo hasta ahora con los de la Generalitat.

Los miembros de la Sindicatura de Comptes serán elegidos por el Parlament por seis años, renovables una vez, y tendrán la condición de altos cargos.

13-XI-09, J. Gisbert, lavanguardia

En pleno debate sobre la necesidad de reformar la Sindicatura de Comptes tras los últimos casos de corrupción (Millet, Pretoria), este organismo alzó ayer la voz para reclamar "competencia legal" en la fiscalización de los partidos y sus fundaciones, así como para poseer "competencias sancionadoras" en el caso de que las formaciones incumplan sus dictámenes.

Una petición que introdujo entre las conclusiones del informe relativo al acuerdo de transparencia de los gastos electorales y de financiación de los partidos, firmado en el 2001, durante en el periodo 2003-06. El organismo dirigido por Joan Colom aboga por que estas competencias le sean conferidas "por vía legislativa". Es este sentido, recomienda también que la futura ley electoral catalana -otro de los temas de candente debate- establezca tanto un procedimiento para limitar los gastos electorales como el "mecanismo sancionador ante los incumplimientos de los acuerdos adoptados para limitar los gastos electorales y los órganos competentes para ejercer esta competencia".

Más allá de estas reclamaciones, el informe sobre el acuerdo de transparencia no deja lugar a la interpretación y pone en evidencia que todos los partidos catalanes incumplieron en gran medida ese acuerdo de transparencia. Este señala que los gastos electorales de los partidos fueron "prácticamente los mismos" entre 1999 y el 2006, un aspecto que incumple el primer punto del acuerdo del 2001, que instaba a la limitación de gastos electorales mediante una reducción de la propaganda directa o indirectamente destinada a promover el voto de las candidaturas.

La Sindicatura remarca que en todo estos años ha recibido "en la mayoría de los casos" los estados financieros de las fundaciones vinculadas a los partidos. No ha sucedido lo mismo con el estado financiero de las sociedades vinculadas directa o indirectamente con las formaciones políticas, como es el caso de ERC y el PP catalán.

12-XI-09, I. Ellakuría, lavanguardia