La Iglesia católica ejerce una influencia política muy potente y transversal en Italia. Quedó de nuevo demostrado ayer cuando todos -en la derecha, el centro y la izquierda- rechazaron la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a una ciudadana italiana de origen finlandés que protestó por la presencia de un crucifijo en la escuela estatal de sus hijos.
Los jueces de Estrasburgo consideraron que colgar el crucifijo en el aula de una escuela pública supone una "violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones" y también una violación de "la libertad de religión de los alumnos". La denuncia la interpuso Soile Lautsia, finlandesa nacionalizada italiana y casada con un italiano, que llevaba a sus hijos a una escuela de Padua.
El Gobierno italiano, indignado, anunció la presentación de un recurso. Políticos de diferentes colores defendieron el crucifijo por ser un símbolo cultural muy propio de un país como Italia, una tradición que no debe ofender a nadie. El Vaticano lamentó la decisión "miope y equivocada" y la interferencia en una materia "muy profundamente ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano". La Conferencia Episcopal dijo que la sentencia suscita "amargura y no poca perplejidad", y recordó que, en el concordado de 1984, se reconoce el catolicismo como "parte del patrimonio histórico del pueblo italiano".
Pier Luigi Bersani, ex comunista y flamante líder del Partido Demócrata (PD), defendió el crucifijo desde Bruselas, aunque sin un fervor exagerado. "Pienso que en cuestiones delicadas como esta -dijo-, a veces el buen sentido termina siendo víctima del derecho. Una antigua tradición como el crucifijo no puede ser ofensiva para nadie".
4-XI-09, E. Val, lavanguardia
El Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de los Derechos Humanos ha declarado la presencia de los crucifijos en las aulas "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".
La sentencia del tribunal europeo responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.
Después de numerosos intentos fallidos ante los tribunales italianos, la mujer recurrió al tribunal europeo de los derechos del hombre, que esta mañana le dio la razón y declaró la usanza italiana de exponer un crucifijo en las aulas de las escuelas públicas como una violación de los derechos fundamentales.
Ahora, el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos. Además, se trata de la primera sentencia que la Corte de Estrasburgo emite en materia de exposición de símbolos religiosos en las aulas.
La reacción del Vaticano al respecto fue cauta y, por el momento, no ha querido comentar la noticia, al menos hasta que sean publicadas las motivaciones de la sentencia. "Creo que es necesario reflexionar antes de comentar", explicó el director de la sala de prensa del Vaticano, Federico Lombardi.
En España todavía existen frentes abiertos. La batalla del laicismo contra los símbolos religiosos no está todavía resuelta. El conflicto se encuentra ahora Tribunal Constitucional, cuya Sala Segunda debatirá en los próximos meses si posee encaje en la Carta Magna que una asociación de afiliación obligatoria tenga una virgen como patrona.
Además existen varios casos que, desde 2007, han ido desembocando en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos. Los individuos o asociaciones laicas demandantes apelan al artículo 14.1 de la Constitución, que señala que no puede "prevalecer discriminación por razón de religión", y al 16.3, que establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".
3-XI-09, agcs, publico
