Pese a los escándalos, sospechas
y denuncias de corrupción, Álvaro
Uribe sigue adelante con sus
planes para volver a reelegirse en
mayo del 2010. En medio de fuertes
acusaciones de la oposición
por vicios de trámite y supuesta
compra de diputados con prebendas
del Gobierno, el Congreso
aprobó una ley que permite al
presidente colombiano convocar
un polémico referéndumpara aspirar
a ganar un tercer mandato
consecutivo.
La oposición –Partido Liberal,
con el ex presidente César Gaviria
al frente, y el Polo Democrático–
boicoteó la votación. Tras
una sesión de 15 horas, la ley fue
aprobada por 85 votos a favor y 5
en contra. Uribe necesitaba 84 diputados
para tener la necesaria
mayoría absoluta para convocar
el referéndum. Los debates se
prolongaron al tener que decidir
qué congresistas estaban habilitados
para votar; algunos no pudieron
hacerlo porque son investigados
por haber vendido supuestamente
su voto a Uribe.
El diputado liberal Guillermo
Rivera denunció que “el régimen
de Chávez, que tanta urticaria
produceaUribe, también ha acudido
al referéndum para mantener
a su dictador”. Franklin Legro,
del Polo, añadió: “El referéndum
está a punto de acabar con
la Constitución y la democracia”.
Los uribistas se defendieron
de la acusación de haber vendido
su voto. “El Partido de laUnonecesita
de prebendas para votar el
referéndum. ¡No somos prevaricadores!”,
exclamó Heriberto Sanabria.
La votación final en la Cámara
coincidió con la orden de captura
dictada por el Tribunal Supremo
de Justicia contra el senador Alirio
Villamizar, vicepresidente
del oficialista Partido Conservador.
Este congresista está acusado
de haber recibido una notaría
como pago por su apoyo a la reforma
constitucional que permitió
la reelección de Uribe en el
2004. El tribunal investiga la adjudicación
de 23 notarías que supuestamente
Uribe habría repartido
entre los parlamentarios que
apoyaron su primera reelección.
En Colombia hay 6 congresistas
condenados, siete procesados,
9 presos, 33 investigados y
25 sometidos a investigación preliminar
por sus nexos con los paramilitares;
el 90% de estos parlamentarios
apoyaron la primera
reelección de Uribe; más de uno
cambió a última hora su voto al
recibir promesas de prebendas.
En los dos últimos años, el Gobierno
de Uribe ha estado involucrado
en el llamado escándalo de
la parapolítica, por las complicidades
de políticos (principalmente
de la coaliciónque apoya al Gobierno),
de altos funcionarios e
incluso de familiares de Uribe,
legales de
extrema derecha, responsables
de miles de muertes.
El Tribunal Supremo investiga
de manera preliminar a 86 diputados
que en diciembre pasado
votaron demanera irregular a favor
del proyecto de referéndum,
sin esperar un previo dictamen
de la RegistraduríaNacional, que
aún no se ha cumplido.
César Gaviria dijo que “Uribe
se quiere reelegir para continuar
pateando al Estado”. “Ya hay varios
parlamentarios en la cárcel
por cuenta de la primera reelección.
¿Cuántos más tendrán que
ir a prisión por seguir violando la
Constitución por cuenta de una
nueva reelección?”, dijo Gaviria.
El ex presidente denunció que el
Gobierno “compra conciencias,
hace lo mismo que en la primera
reelección, compran parlamentarios
con ofrecimientos para después
llevarlos a la cárcel”.
En un editorial muy crítico
con el Congreso, el diario bogotano
El Nuevo Siglo señala: “El país
asistió en el hemiciclo al peor de
los espectáculos. Al ordenar la
captura del senador Villamizar,
el Tribunal Supremo confirmó el
mayor monumento a la corrupción;
Villamizar es sólo un caso
más en el fermento purulento
que domina el Congreso”.
Aunque las dos Cámaras ya
han dado el visto bueno a la segunda
reelección, Uribe debe superar
muchos obstáculos para poder
ser candidato. El tiempo es
su gran enemigo. Si quiere postularse
a un tercer mandato, el presidente,
que aún no ha dicho oficialmente
que quiere seguir en el
poder, deberá pisar el acelerador.
La lucha entre el bloque uribista
y la oposición se traslada al
Tribunal Constitucional.
El Tribunal, que mantiene su
independencia, debe dar el visto
bueno al referéndum para cambiar
la Carta Magna. Los magistrados
tienen un plazo máximo
de 90 días para hacer una revisión
de fondo y de forma del procedimiento
para determinar si se
ajusta a laConstitución y si supolémica
tramitación en el Congreso
vulneró la ley. Está en el aire la
sospecha de compra de votos y la
limpieza del proceso.
Si la sentencia es favorable, el
Congreso tendría que modificar
la ley de garantías electorales para
la reelección, que después también
debería ser aprobada por el
Constitucional. En el mejor de
los casos, el referéndum podría
realizarse en marzo del 2010, al
mismo tiempo que los comicios
legislativos, lo que disminuiría la
abstención. Para que el referéndum
sea válido, basta con que
participe el 25% de los inscritos
en el censo y que la mitad más
uno vote por el sí.
3-IX-09, J. Ibarz, lavanguardia