Nada es suficiente. Jueces, fiscales, Tribunal de Cuentas, Sindicatura de Comptes, auditorías y ahora hasta una oficina antifraude. Nada acaba con la sospecha permanente sobre la administración pública y las formaciones políticas sobre el uso de los recursos ciudadanos con fines partidistas. Por regla general, todas sus actuaciones están revestidas de una pátina de legalidad, se trate de miles y miles de euros gastados por el Govern en informes que evalúan las virtudes comunicativas de los consellers o de convenios de colaboración del Palau de la Música con fundaciones vinculadas o parientes lejanos de los partidos. Se trata de actuaciones legales pero que plantean un problema no sólo económico en época de vacas flacas y con más de medio millón de catalanes sin empleo; sino también político y, sobre todo, ético.
Porque los partidos se echan estos días los platos por la cabeza a cuenta de esa manga ancha a la hora de gastar, el gobierno, y de recibir, la oposición; pero se cuidan muy mucho de no cuestionar que a las arcas de esa especie de organismos autónomos con nombres ilustres dependientes de los partidos, las fundaciones, lleguen recursos a discreción procedentes de los impuestos de todos.
Hasta 723.475 euros ingresaron en el 2004 - queda lejos, pero ese es el último ejercicio fiscalizado por la Sindicatura-gracias a la Conselleria de Justícia por programas para el desarrollo del pensamiento político. ¿Para eso no estaban los partidos, que ya reciben millones de recursos públicos? 199.991.96 euros para la Fundació Rafael Campalans (PSC), 157.136.54 para la Ramon Trias Fargas (CDC), 109.519.41 para la Josep Irla (ERC); y así, una tras otra. Pero la cosa no se queda ahí. La fundación de ERC también recibió ese año 60.000 euros de la Conselleria de Presidència - entonces en manos de los republicanos-¡para la difusión del catalán en el ámbito comercial! Los recursos extras llegan también de la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos: hasta alcanzar 944.755 euros en un año. Todo legal, ¿todo ético?
El Consejo de Europa denunció en mayo del año pasado la opacidad de las cuentas de las formaciones políticas en España, sobre todo en lo referente a sus fundaciones, sin olvidar sus relaciones con los bancos. El Congreso prohibió poco antes las donaciones anónimas a los partidos, pero a cambio de aumentar las ayudas directas de la administración pública. Lo malo es que este año sólo se repartirán 98 millones de euros procedentes de los presupuestos del Estado, 22 millones menos que el año pasado.
No parece que vayan a presentar un ERE o planes de prejubilación para reducir gastos en tiempos de crisis. Menos aún en Catalunya, con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Tampoco subirán sus cuotas, les van los votos. Y ahí está de nuevo, la sospecha permanente.
6-X-09, Isabel Garcia Pagan, lavanguardia