Menem, processat per encobrir lŽatemptat a lŽAMIA

El ex presidente argentino, Carlos Menem, fue procesado ayer por encubrir a los responsables del atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos. El juez federal Ariel Lijo acusa a Menem como instigador de los delitos de encubrimiento, falsedad, destrucción de pruebas y abuso de autoridad, pero no decretó su prisión preventiva.

El magistrado considera que el ex mandatario y otras seis personalidades obstaculizaron la investigación de la masacre para proteger especialmente a uno de los sospechosos, vinculado a la denominada "pista siria". El resto de acusados son el hermano de Menem, Munir, quien por aquel entonces era asesor presidencial; el ex magistrado Juan José Galeano, primer juez que investigó el atentado; el ex director de los servicios de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; y el ex director de la Policía Federal, Jorge Palacios, además de un agente secreto y un policía. Lijo embargó a los procesados un total de 54000 euros.

      

Supuestamente, Menem, de origen sirio, habría ordenado entorpecer la investigación del atentado para proteger a Alberto Kanoore Edul, un comerciante -también de origen sirio-amigo del entonces presidente. Los indicios de esta pista apuntan a Kanoore como planificador del crimen, junto al ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina, Moshen Rabban. Entre otros ardides, Menem y el resto de acusados se habrían confabulado para destruir pruebas de registros policiales y conversaciones telefónicas intervenidas que vinculaban a Kanoore con el ciudadano argentino, Carlos Telleldín, a quien se apunta como proveedor de la furgoneta que fue usada como coche-bomba.

"Tales maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA. Entorpecimiento, que se mantuvo a lo largo de los años", mantiene el juez Lijo en su auto de procesamiento.

Quince años después, el atentado sigue sin esclarecerse y no hay ningún detenido. El Tribunal Supremo ordenó este año la reapertura de las investigaciones por la llamada "conexión local", para establecer quienes fueron los argentinos que colaboraron en la masacre. Dos años antes, en 1992, otro coche-bomba había explosionado frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos.

El fiscal Alberto Nisman, que solicitó este procesamiento el año pasado dijo que ahora "se explica por qué se tardó tanto tiempo en investigar".

Hasta ahora, la hipótesis judicial más elaborada considera que el atentado fue organizado por funcionarios iraníes. Uno de ellos es el recientemente nombrado ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, cuya designación ha levantado críticas por parte del gobierno argentino yde la comunidad internacional.

2-X-09, R. Mur, lavanguardia