La reciente historia de los conflictos judiciales más sonados confirma la autoridad del Tribunal Supremo (TS), pero sus miembros recelan de todo posible cambio y están empeñados en una auténtica cruzada para preservar las actuales condiciones de la institución. El Supremo se considera a sí mismo un reducto de autonomía, recorrido por mil tensiones, pero muy resistente a la presión política. "Somos una de las pocas instituciones serias que quedan en el país", decía recientemente un magistrado, a la vista de los problemas que arrastra el Tribunal Constitucional y de las divisiones partidistas que casi siempre acaba reflejando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
En este sentido, la defensa del recurso de casación -para garantizar que el Supremo seguirá teniendo por misión unificar la doctrina y la interpretación de las leyes en todo el territorio- y la negativa a descentralizar a fondo el CGPJ forman parte de un mismo programa de resistencia que comparte casi toda la clase dirigente de la magistratura. Y aunque inciden en ello sus propios intereses de poder, jueces conservadores y progresistas coinciden en que el prestigio del Supremo no debe ponerse en riesgo. El presidente del TS, Carlos Dívar, inició el año judicial con un discurso en el que subrayó estos objetivos, en especial por las críticas a la sala segunda tras abrir diligencias contra el juez Garzón por su investigación sobre el franquismo.
27-IX-09, J.M. Brunet, lavanguardia
