La justicia es lenta pero implacable, y alcanza a todos por igual. El juez chileno Víctor Montiglio decretó el martes el mayor auto de procesamiento y detención contra represores de la dictadura, casi veinte años después de su finalización. El magistrado dictó 120 órdenes de arresto preventivo contra miembros de distintos cuerpos militares y policiales, de los cuales la mitad jamás han sido encausados ni mencionados en ningún proceso, porque desempeñaban roles auxiliares en la engrasada maquinaria que torturaba, asesinaba y hacía desaparecer a opositores políticos.
"Estamos investigando a todos los que han tenido participación en lo cuarteles, en la medida en que hayan intervenido o afirmado la situación de prohibición de libertad de las víctimas", declaró Montiglio. El magistrado añadió que las investigaciones por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) están "mucho más cerca del final".
El juez no quiso hacer públicos los nombres de los procesados hasta que no sean notificados y detenidos, lo que empezó a efectuarse ayer y debería concluir mañana.
Sin embargo, trascendió que en la lista hay al menos cuatro oficiales, 45 suboficiales y una decena de soldados y agentes policiales que nunca antes habían sido procesados en casos de lesa humanidad. Todos ellos estaban asignados a la DINA, la policía secreta de la dictadura, cuyo director, el general Manuel Contreras, cumple cadena perpetua en un centro militar especial.
Entre los nuevos procesados hay quienes montaban guardia en los cuarteles y ayudaban a trasladar detenidos y cadáveres, por lo que están acusados de complicidad. Muchos formaban parte de la Brigada Lautaro de la DINA, un macabro y secreto departamento especializado en preparar los cadáveres para su desaparición. La Lautaro experimentó aplicando gas sarín a los detenidos, inyectándoles mortales sustancias y desfigurando sus rostros antes de ser lanzados al mar o enterrados en cal viva.
 
Ningún detenido salió con vida de la Brigada Lautaro, pero su existencia y estos detalles se conocen gracias a las confesiones de un par de arrepentidos.Los casos judiciales que han motivado este procesamiento sin precedentes son los conocidos como las operaciones Cóndor, Colombo y Conferencia I y II. En los dos casos Conferencia se investiga la detención y desaparición de los miembros de sendos comités centrales del Partido Comunista en la clandestinidad, que se supone acabaron sus días en la sanguinaria brigada.
El auto de Montiglio coincide con un escándalo que ha provocado un terremoto político en plena campaña electoral. El diario estatal La Nación publicó el domingo que catorce ex miembros de distintos servicios secretos de la dictadura siguen cobrando sueldos del Ejército en calidad de autónomos, pese a haber abandonado las FF. AA. (o ser jubilados) y estar procesados por casos de lesa humanidad. En este sentido, la respuesta del gobierno que preside la represaliada Michelle Bachelet ha sido tibia. Su ministro de Defensa, Francisco Vidal, abrió una investigación y reclamó la "presunción de inocencia".
Según un reciente informe gubernamental, antes del masivo procesamiento del martes, en Chile han sido encausados 711 represores, pero sólo 51 cumplen condenas de cárcel. La dictadura dejó más de 3000 asesinatos o desapariciones, y más de 50000 torturados o damnificados.
La justicia chilena, cuya lentitud en la persecución de los crímenes de la dictadura ha sido tan criticada, acaba de enviar un mensaje a los rangos más modestos que participaron de aquella represión. Ahora ya saben que también pueden ir a la cárcel.
3-IX-09, R. Mur, lavanguardia |
