per una -realment independent- Oficina d´Čtica del Govern

En defensa del presidente valenciano, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha contribuido a aclarar los conceptos de regalos de cortesía y soborno cuando comparó los trajes que recibió Camps con las anchoas que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, le lleva a José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Las anchoas se corresponden con el clásico regalo de cortesía, mientras que los trajes, a la espera de las resoluciones judiciales, sí pueden entrar en la categoría del soborno, como una acción ilítica, según señalan expertos en corrupción y ética. Afirman que la diferencia estriba en la motivación de quien regala, en si busca ganar una influencia. 

 "La regla general es que hay corrupción siempre que en una decisión de un servidor público el interés privado prevalece sobre el público", sostiene Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y directivo de Transparencia Internacional, la ONG que elabora los rankings mundiales de corrupción.

Villoria sostiene que para diferenciar un regalo de un soborno "el criterio fundamental consiste en ver si existe alguna influencia, una forma de ganar la voluntad de quien debe tomar una decisión, para alterar su objetividad". Villoria reconoce que esta definición es muy abierta y difícil de aplicar en la práctica.

"Como es muy complicado establecer la frontera del regalo ilícito hay regulaciones basadas en el precio, como sucede en Estados Unidos, con el límite de 20 dólares o el de laUnión Europea, de 50 euros", explica Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, autor de diversos estudios sobre corrupción. Jiménez cree que "es mejor poner un límite bajo, que sólo permita presentes, como la gorra de un equipo de béisbol de Estados Unidos", donde rige ese límite de 20 dólares por un regalo, con un máximo anual de 50. Hay también el modelo extremo de Dinamarca, que sólo admite determinados regalos, como una tableta de chocolate o una botella de vino.

 El establecimiento de un límite monetario, que no existe en el caso español, facilitaría el control pero también tendría problemas porque, como señala Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universitat Barcelona, puede suponer "caer en el puritanismo anglosajón. Hay que poner el límite de que el regalo no tenga un valor de mercado significativo, que sea un simple detalle de cortesía, muy arraigado en nuestra cultura". Bilbeny cree que lo fundamental es "quién regala", lo que significaría excluir presentes que haga un cargo público a otro, como las anchoas de Revilla, y centrarse en los que hacen empresas y particulares.

Hay también tesis pesimistas, como la de Fernando Gil, profesor de la Universidad de Salamanca y autor del libro Sociología de la corrupción. En su opinión, es imposible establecer límites entre el regalo y el soborno porque "vivimos en tiempos de relativismo moral y todo se confunde". A su juicio, el problema sólo se puede resolver con reformas profundas, como la apuesta por inculcar valores éticos desde la escuela.

 Para los politólogos Villoria y Jiménez sí que hay soluciones a corto plazo, a través de un ente regulador independiente que controle los regalos. Consideran que uno de los grandes problemas de la lucha contra la corrupción en España reside en la aplicación de las normas, ya que a menudo se ignoran las existentes o se interpretan de forma muy flexible. "Lo bueno de Estados Unidos no es tanto que exista un límite para los regalos como que hay un organismo independiente, la Oficina de Ética del Gobierno, encargada de su cumplimiento", apunta Villoria, quien lamenta que el órgano equivalente en España, la Oficina de Conflictos de Intereses, dependa del Gobierno. Pone el ejemplo de las declaraciones de bienes de los políticos en los registros de intereses, que se depositan pero sin que se efectúe una verdadera fiscalización. Para Villoria y Jiménez, "no habría pasado nada" si Camps hubiera reconocido públicamente que los trajes, valorados en casi 13.000 euros y presuntamente pagados por la trama de empresas de Álvaro Correa, eran un regalo. Sin embargo, el presidente valenciano siempre lo negó y sólo esta semana, después de que se iniciasen los trámites para pasar a un juicio con jurado, los dirigentes del PP han admitido implícitamente que Camps no pagó por las polémicas prendas.

Como señala Villoria, el presidente valenciano se enfrentaría, si es condenado, a una pena leve, por cohecho pasivo, con una sanción de entre 2.500 y 3.000 euros. El caso de los trajes ha fijado la atención de la opinión pública en los regalos que reciben los políticos. Sin embargo, los expertos en corrupción consideran que se trata de un debate improductivo, adulterado por los planteamientos partidistas. En los casos de corrupción de los últimos años en España, sobre todo urbanística, han aparecido diversos regalos, como sustanciales rebajas en el precio de inmuebles, viajes o vacaciones pagadas. Son formas de soborno revestidas de apariencias de cortesía.

11-VII-09, A. Lugilde, lavanguardia