La raíz del problema es común: el trato que reciben las 55 etnias restantes que conviven en China con los han, que representan el 90% de la población del país.
Las escenas vividas a principios de semana en la calles de Urumqi y la tensión latente recuerda las de Lhasa del pasado año 2008. En ambos casos existe un gran paralelismo. En la capital tibetana estalló la violencia a partir de una protesta concreta de esta etnia. Entonces, igual que ahora, Pekín analizó el caso como un hecho aislado y no como el malestar generalizado de una etnia por su situación.
El sentimiento que se desprende estas situaciones es que tanto tibetanos como uigures comparten la idea de estar oprimidos. Están convencidos de que su cultura, su religión y en definitiva su identidad como pueblo están amenazados por el proceso de sinización (asimilación china) que desarrolla Pekín. Una estrategia que las autoridades chinas promueven a través de las transferencias de población de etnia han hacia aquellas regiones donde habitan minorías importantes.
Tanto en Tíbet en el 2008 como ahora en Xinjiang, la respuesta de las autoridades chinas ha sido la misma. Reprimir el conflicto por la fuerza, acusar a la disidencia de instigar a la violencia y finalmente aplicar un bloqueo informativo. En esta ocasión, Pekín ha permitido a los medios de comunicación extranjeros desplazarse a Urumqi para informar. No obstante, los periodistas sólo podían comunicar con sus países cuando se les llamaba desde allí. Sólo podían efectuar llamadas al interior del país. Algo impensable en el caso de Tíbet en el 2008.
Pero en el caso concreto de Xinjiang, se podría decir que las autoridades de Pekín juegan con fuego en el conflicto de la provincia noroccidental del país, la que algunos denominan la cisterna de China, por sus enormes recursos en petróleo y gas. La capital financiera del país, Shanghai, se abastece de los hidrocarburos de Xinjiang.
12-VII-09, I. Ambrós, lavanguardia
