La Constitución dice: "Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán de inmunidad (…) No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". En teoría, puede ocurrir esta aberración: un diputado o un senador (pongan ustedes el nombre que quieran) comete un delito; pero sus compañeros de escaño deciden que no se puede inculpar. El Tribunal Supremo pide el suplicatorio, pero sus señorías deciden no concederlo. Es dudoso que ningún partido pueda tener un comportamiento tan inmoral, pero la ley lo permite.
Viene esto a cuenta de lo que ocurre con el señor Bárcenas. En su honor, hay que decir que él ha tenido el gesto de ofrecerse a declarar sin necesidad de suplicatorio, pero podría suceder que su partido decidiera salvarle. Y no tengan ustedes duda de que ocurriría si don Luis fuese un líder natural de ese partido, cuya inculpación o procesamiento afectase gravemente a su estabilidad. De hecho, ¿por qué es senador por Cantabria? ¿Acaso por su irrefrenable vocación parlamentaria, contrastada en una campaña electoral? ¿Acaso porque siente una pasión cántabra que quiere llevar al Senado? Se hubiera sabido, y no hay ninguna pista. Don Luis Bárcenas es senador, porque lo propuso la dirección de su partido y porque conviene tener cubiertas las posibles responsabilidades del tesorero. Así de sencillo. Y de hecho, cuando el PP de Valencia veta la designación de Leire Pajín como senadora, lo hace con ese argumento: piensa que la señora Pajín está buscando su inmunidad.
Lo que vale para la secretaria de organización del PSOE vale también para el tesorero del PP. Una exageración del método podría significar que nuestras leyes permiten la existencia de una casta de intocables que no buscan en las Cámaras la representación de un territorio, sino su propia seguridad jurídica. Entiendo, por ello, que quizá haya llegado el momento de limitar la inmunidad. Vale que se otorgue o se disfrute para posibles delitos cometidos en función de su cargo, algo que garantiza la Constitución cuando dice que diputados y senadores "gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones". Si no fuese así, cada vez que un político insulta o hace un falso juicio de valor sobre su oponente, tendríamos decenas de denuncias diarias.
Pero una cosa es eso, y otra la inmunidad para otros delitos. Robar, cometer cohecho, practicar nepotismo, abusar del poder o enriquecerse a costa de las influencias propias, no se puede considerar ligado a ninguna función parlamentaria. Si alguien hace eso, es un delincuente común. De cuello blanco, pero común. No veo por qué hay que andarse con formulismos de una justicia obligada a pedir permiso para inculparle. Podría suceder que gentes con cuentas pendientes en los juzgados - Berlusconi, por ejemplo-buscasen en la política su refugio de salvación.
2-VII-09, Fernando Ónega, lavanguardia