Burundi: Poner fin a la violencia política y represión
Ataques del partido gobernante y ex rebeldes amenazan las elecciones de 2010
June 4, 2009, hrw
El Gobierno de Burundi debe tomar medidas urgentes para poner fin a los asesinatos por motivos políticos, las agresiones y detenciones arbitrarias, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La violencia política y la represión - que continúan a pesar del progreso en las conversaciones de paz entre el gobierno y el ex grupo rebelde, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) - limitan la disidencia pacífica y ponen en peligro la integridad de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales previstas para 2010.
El informe de 86 páginas, “Pursuit of Power: Political Violence and Repression in Burundi” (“Persiguiendo el poder: la violencia política y represión en Burundi"), detalla los casos en los que tanto las FLN como el gobierno, dominado por el gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie, CNDD-FDD), han utilizado la violencia política e intimidación en contra de los opositores y las voces disidentes en sus propias milicias.
"El partido gobernante y los ex rebeldes de las FLN han estado demasiado preparados para cometer abusos para intimidar a sus rivales políticos y ejercer el poder", dijo Georgette Gagnon, directora de la división de África de Human Rights Watch. "Pero este no es el camino hacia una elección significativa, ni para un futuro digno para el pueblo de Burundi".
El informe documenta 23 asesinatos, así como una docena de disparos no mortales y ataques con granadas, llevados a cabo entre enero de 2008 y abril de 2009 en el contexto de la aparente revancha a nivel local entre miembros de las FLN y los afiliados con el CNDD-FDD, incluyendo algunos agentes de policía, funcionarios administrativos, y agentes del servicio nacional de inteligencia. También documenta más de 120 detenciones desde mediados de 2008, aparentemente basadas en afiliación política, por la policía y los funcionarios administrativos.
La mayoría de las víctimas viven en zonas urbanas marginadas o zonas rurales remotas. Prácticamente nadie ha sido enjuiciado por los abusos, a pesar del compromiso profesado por el gobierno hacia los derechos humanos cuando tomó el poder en 2005, así como las declaraciones de las FLN, en el curso de las conversaciones de paz, de que cooperarían con las investigaciones o procesamientos judiciales.
Human Rights Watch hizo un llamado a los donadores internacionales y diplomáticos involucrados en el proceso de paz del país y en la preparación de las elecciones para presionar a poner fin a los ataques y enjuiciamientos de los presuntos agresores de todas las partes en conflicto.
Human Rights Watch descubrió que el reciente desarme de las FLN y la transición de movimiento rebelde a partido político, es poco probable que ponga fin a los abusos de derechos humanos vinculados a la lucha por el dominio político, dado que las FLN y otros miembros de la oposición han sido víctimas de agentes del Estado y de activistas del partido gobernante, incluso en tiempos de relativa paz. A la altura de las conversaciones de paz en abril, por ejemplo, en cuanto las FLN se estaban preparando para desarmar, agentes de inteligencia del gobierno mataron a Emmanuel Minyurano, un funcionario local perteneciente al Frente Democrático de Burundi (Front pour la Démocratie au Burundi, FRODEBU), quien también era un activo defensor de las FLN.
También se han realizado detenciones arbitrarias masivas de miembros de otros partidos políticos, tales como la Unión para la Paz y el Desarrollo (UPD-Zigamibanga) y el Movimiento para la Solidaridad y la Democracia (MSD). El gobierno también ha tomado otras medidas para reprimir la disidencia política, expulsando a 22 miembros de la oposición del Parlamento en junio de 2008 y prohibiendo algunas reuniones del partido de la oposición.
Las FLN también cometieron abusos. La investigación de Human Rights Watch muestra que en 2007, las FLN violaron un acuerdo de alto al fuego y el derecho humanitario internacional cuando trataron de intensificar el control sobre sus propios miembros mediante el ataque a campamentos ocupados por miembros disidentes desarmados que habían abandonado el movimiento. Más recientemente, en enero y febrero de 2009, la investigación de Human Rights Watch indicó que los miembros de las FLN mataron a uno de sus propios activistas, Abraham Ngendakumana, y secuestraron y torturaron a otro, Jean Baptiste Nsabimana, después de que ambos mostraron abiertamente su desacuerdo con las decisiones que las FLN habían hecho en el proceso de paz.
Violencia simbólica, como la destrucción de la propiedad de otros partidos políticos, que en Burundi ha sido a menudo un precursor de violencia más grave, está muy difundida. Desde diciembre de 2008, atacantes no identificados han incendiado más de 50 lugares de reunión del partido gobernante en por lo menos 10 provincias. En parte como respuesta a estos acontecimientos, los miembros de la liga juvenil del partido, Imbonerakure, han comenzado a marchar por las calles antes del amanecer en algunos municipios, armados con palos y porras, y coreando lemas, que incluyen amenazas de muerte con el objetivo de intimidar a sus oponentes políticos.
El enfoque de los donadores internacionales y otros interesados en el establecimiento de una paz formal ha significado que no han prestado atención suficiente a la dinámica local de la violencia política en Burundi, incluyendo la falta de rendición de cuentas. Human Rights Watch ha encontrado que los diplomáticos internacionales, a pesar de criticar algunos arrestos por motivos políticos, podrían ser mucho más activos en la defensa de los derechos civiles y políticos de los políticos en Burundi, que han sido objeto tanto de detenciones arbitrarias como de expulsión del Parlamento a causa de sus opiniones. La misión de la ONU en Burundi, que ha desempeñado un papel importante en el proceso de paz, ha documentado cuidadosamente violaciones de los derechos humanos en privado, pero ha fallado en denunciar públicamente los abusos.
Human Rights Watch exhortó al gobierno de Burundi a detener la violencia política, a iniciar un proceso hacia la rendición de cuentas mediante la investigación y el enjuiciamiento de los 23 asesinatos y otros crímenes documentados en el informe, y a tomar medidas inmediatas para organizar elecciones libres y justas en 2010. Las FLN deben demostrar su compromiso de ser un partido político pacífico, poniendo fin a los abusos cometidos contra sus propios miembros y simpatizantes del CNDD-FDD, y cooperando con la policía y los fiscales en las investigaciones de delitos cometidos por miembros de las FLN.
"Asesinatos, arrestos, y otras formas de represión han ocasionado que los burundeses vivan con miedo a las consecuencias de expresar sus opiniones políticas", dijo Gagnon. "Sus derechos están en riesgo mientras que el partido gobernante y el ex grupo rebelde no enfrenten las consecuencias de sus actos".